El servicio de cercanías entre Alcolea y Villarrubia, que el Ayuntamiento quiere tener en funcionamiento en el primer trimestre del año próximo, se ha atascado en los trámites previos al Pleno. Cuando parecía que todo estaba decidido de cara a la sesión plenaria del próximo martes, en la que todos los grupos municipales iban a dar su apoyo para levantar las objeciones realizadas por Intervención con el fin de aprobar el contrato con Renfe, se ha conocido una diligencia de este mismo servicio en la que avisa de que el paso previsto no es tan simple.

En primer lugar, Intervención considera «imprescindible» un «informe de discrepancia», es decir, un documento que rebata sus argumentos y que demuestre, de forma «motivada», que, en contra de lo que opina este servicio, sí hay crédito adecuado y suficiente para el cercanías. Ese informe hace falta porque «es reclamado por el Tribunal de Cuentas como obligatorio en la rendición telemática que realiza la Intervención General de todos los reparos emitidos», según señala en la diligencia. Es más, advierte del riesgo de levantar el reparo sobre la falta de crédito sin ese informe. «Desconocemos cuál será el parecer del Tribunal de Cuentas al respecto», señala.

Advertencias anteriores// El servicio de Intervención, en un informe anterior, señalaba que el gasto que supondrá el cercanías debe imputarse a un capítulo distinto al que se ha hecho. Esto implica que está sujeto a IVA, por lo que la cantidad propuesta sería «insuficiente». Ese reparo de Intervención puede levantarlo el Pleno pero siempre que exista antes el citado informe de discrepancias. A Intervención no le basta el informe emitido por el secretario general, ya que «en ningún caso discrepa con esta Intervención de la adecuación del crédito previsto». Es más, añade, «dicho tema ni es mencionado».

En segundo lugar, el servicio de Intervención deja claro que «no es competencia del Pleno», y sí de la alcaldesa, levantar el reparo de que con el cercanías se incumplirá el principio de sostenibilidad financiera. Intervención explica que el Pleno solo puede levantar reparos relativos a la «inexistencia o inadecuación del crédito». En este punto, Intervención también destaca que el informe que realizó el secretario general del Pleno «sirve para avalar o reforzar el criterio de la asesoría jurídica», que también se pronunció ya sobre el cercanías, pero no «puede suplir» el que necesariamente hace falta para rebatir esta objeción.

En tercer lugar, Intervención alude a otras «deficiencias» como la necesidad de solicitar al Ministerio de Fomento la declaración de Obligación de Servicio Público (OSP). Intervención considera que sin esa declaración, que es la que permite que la financiación corra a cargo del Estado, la firma del contrato con Renfe corresponde a la Junta y no al Ayuntamiento, de forma que sería la administración andaluza la que tendría que asumir el déficit del servicio. El informe de Intervención subrayaba también que no queda justificada la adjudicación directa del contrato y que si no se acude a la vía de la declaración de OSP, al menos el Ayuntamiento debería «acreditar la oportunidad y conveniencia de la implantación del nuevo servicio», que sí «puede realizar por sí misma una autoridad local competente».

No obstante, esta última lista de observaciones son «no suspensivas», por lo que el expediente podría seguir su curso sin necesidad de levantar los reparos en relación a las mismas. La observaciones que indican que no hay crédito suficiente y que se incumplirá el principio de sostenibilidad sí son suspensivas, por lo que frenan el expediente si no se levantan los reparos.