La campaña de las elecciones generales del próximo 10 de noviembre será el último clavo al espíritu optimista de la moción de censura, aquel que aupó a Pedro Sánchez a la Moncloa gracias a los apoyos de Unidas Podemos y los partidos nacionalistas e independentistas. El presidente en funciones no solo se distancia ahora de sus antiguos aliados, sino que pasa a situarlos en la diana de sus críticas. Señala a Pablo Iglesias como un irresponsable que frustró por segunda vez la formación de un gobierno progresista debido sus ansias de poder, y al mismo tiempo endurece el discurso contra los separatistas avisando de una hipotética aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña. El objetivo es persuadir a votantes de Ciudadanos y generar suficientes dudas entre el electorado morado como para anclarlo en la abstención.
Que el guante blanco ha terminado se plasmó ayer, durante el último pleno del Congreso en esta breve legislatura. Sánchez advirtió a ERC de que si la Generalitat «violenta» la ley, aplicará «cualquier artículo de la Constitución», en referencia a la suspensión de la autonomía. «Este va a ser el tono de campaña, firme frente al independentismo», explican fuentes gubernamentales. El endurecimiento del discurso llega a las puertas de la sentencia del juicio del 1-O y ante un escenario incierto de respuesta de la sociedad y las instituciones catalanas a la decisión del Tribunal Supremo.
EL VOTO DECEPCIONADO / El nuevo tono también encaja con la intención del PSOE de captar votos de votantes de Ciudadanos decepcionados con la deriva a la derecha de Albert Rivera. Los socialistas han detectado que el partido liberal es el que tiene un electorado menos fiel, en torno al 40%, cuando el resto de fuerzas se elevan por encima del 70%. Tienen el discurso muy perfilado, y creen que ahora, después de que Sánchez desechara volver a intentar la formación del Gobierno con la ayuda de ERC, está casi desactivado el mensaje del PP, Cs y Vox de que es capaz de «vender» España con tal de mantenerse en el poder.
EL SUPUESTO BOICOT / Pedro Sánchez no pudo enfrentarse en el pleno del Congreso de los Diputados en un cara a cara con Pablo Iglesias, que no tenía turno de pregunta al presidente, pero sus ministros dejaron el mensaje en el hemiciclo y los pasillos. A saber: el líder morado, a quien el presidente obvió durante la anterior campaña en aras del entendimiento posterior, decidió boicotear el acuerdo una vez que asumió que él no podría ocupar la vicepresidencia.
Los socialistas esperan ataques duros de Iglesias en la campaña, especialmente en los debates. Aunque todavía no han definido a qué citas podrían acudir, intuyen que las televisiones privadas presentarán alguna propuesta para la precampaña y que RTVE pondrá sobre la mesa otro ya durante la campaña, que esta vez, al ser repetición electoral, solo durará una semana.
Mientras tanto, frente a Iglesias y Rivera, Pablo Casado ocupará un lugar menor en el discurso de Sánchez. La dirección del PSOE asegura que la suma del PP, Cs y Vox tampoco llegará esta vez a la mayoría absoluta (en abril se quedó en 147 escaños, a 29 del listón), pero dan por hecho que los conservadores, que ahora solo tienen 66 diputados, serán quienes más suban.
«El bipartidismo saldrá reforzado -anticipan en la cúpula socialista-. Mucha gente empieza a identificar la fragmentación con la inestabilidad y el bloqueo». Y esto hace que junto a la posibilidad de garantizarse una investidura solo con Unidas Podemos y el PNV, sin el concurso de los independentistas, no se descarte una abstención del Partido Popular tras los comicios.
Fuentes gubernamentales reconocen que «el voto está frío» y que tendrán que activarlo desde ya haciendo una pedagogía para explicar al electorado que han hecho «todo lo posible», que son el único partido con posibilidades reales de formar gobierno, y que han evitado un ejecutivo «en prácticas», como el que proponía Iglesias, dicen, ahora que el contexto se complica. Sánchez busca erigirse en baluarte de estabilidad y orden.
Pero esa es la principal preocupación de los socialistas: el abstencionismo, sobre todo entre los votantes jóvenes de izquierdas, presuntamente desencantados con el fracaso de la investidura. Por eso, dicen, «las próximas dos semanas serán fundamentales» para establecer «el relato» con el que acudirán al 10-N.
EN CIFRAS:
140 millones de euros es el montante aproximado de la ampliación de crédito que el Gobierno tendrá que solicitar para pagar gastos electorales. El presupuesto inicial es el mismo que el de las generales de abril, 138.961.516,72 euros. Con ello se paga desde el trabajo de Correos hasta la impresión de papeletas y sobres o el despliegue de las fuerzas y cuerpos de seguridad.
40% es la parte del presupuesto que corresponde a Correos, el capítulo más caro. Son 56,5 millones para tramitar el voto a distancia, los avisos a los miembros de la mesas, los recursos, la propaganda, etc. Otro 14,5% (20 millones) se lo lleva la administración electoral: el coste de las Juntas Electorales y el de las mesas de votación. En abril se necesitaron 180.114 personas.
540 millones de euros es la cantidad total gastada entre los años 2015 y 2019 en las cuatro elecciones generales celebradas en dicho periodo. Al margen de este gasto quedan las subvenciones a los partidos políticos para los gastos electorales, que no se incluyen en este presupuesto. El Gobierno deberá aprobar también un decreto fijando las cantidades.
