Los clubs deportivos que gestionan las ocho salas de barrio municipales de la ciudad urgen una solución a los impagos que sufren desde el 1 de enero, sin descartar acudir a la vía judicial para reclamar las cantidades que el Ayuntamiento les adeuda, como apunta el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Córdoba, Manuel Rebollo. Los clubs deportivos se han dirigido a este experto para valorar su delicada situación financiera y aportar soluciones, después de que el Tribunal de Cuentas elevara este asunto a su sección de enjuiciamiento y abriera diligencias al Ayuntamiento por considerar que existe una posible infracción en la concesión de ayudas a estos clubs. El Consistorio, por su parte, decidió paralizar todo tipo de pago a estos clubs.
Por ahora, la prudencia y el deseo de lograr un acuerdo se ha impuesto a cualquier otro escenario más drástico, y los clubs siguen confiando en que la asesoría jurídica municipal y los responsables políticos encuentren una solución a este problema que tiene en jaque a unos 50 trabajadores y más de 4.000 usuarios.
El Consistorio ha recibido esta misma semana el requerimiento del Tribunal de Cuentas para que informe de cómo se realizaron las concesiones, cómo se hacían los pagos y quiénes los ordenaban. Los contratos de gestión de la polémica llevan en algunos casos vigentes desde el último trimestre de 1993.
SITUACIÓN INASUMIBLE
Desde primeros de año, el Consistorio, por decisión de la Intervención municipal, dejó de abonar a los clubs los déficit por la explotación de las salas deportivas, que prestan servicios en la capital a precios populares, algo que, a juicio de Manuel Rebollo, supone «un incumplimiento de las obligaciones contractuales» de la Administración local con dichos clubs. De hecho, en la actualidad todos estos contratos, que han ido prorrogándose, «siguen vigentes», asegura. «Cosa distinta sería que el Ayuntamiento decidiese anular el contrato, pero por ahora ni lo ha anulado, ni les está pagando el déficit de explotación», apunta Rebollo. El catedrático considera, además, que se ha producido un error de apreciación por parte de la Cámara de Cuentas, primera entidad que analizó la situación de estas adjudicaciones en varias provincias andaluzas, y después por parte del Tribunal de Cuentas, ya que, en su opinión, «no se trata de subvenciones que el Ayuntamiento dé graciosamente sino que fueron cantidades recogidas en las cláusulas de los contratos, valoradas incluso en la mesa de contratación», explica. El déficit de explotación de estas salas, es decir, lo que pagaba el Ayuntamiento, a través del Instituto Municipal de Deportes (Imdeco), para que el servicio les fuese rentable a los clubs pese a mantener precios populares, ascendía a 300.000 euros al año.
Así las cosas, la situación que están viviendo estos clubs es muy dura. «Inasumible para ellos. De hecho, de seguir así, van a tener muchos problemas para poder seguir prestando sus servicios, porque es absolutamente insuficiente solo con lo que les pagan los usuarios», explica Rebollo, que ha realizado este estudio junto al profesor Antonio Bueno. El catedrático de la UCO asegura que si no se alcanza un acuerdo los clubs podrían reclamar al Ayuntamiento las cantidades adeudadas por la vía judicial.
Fernando Romero, presidente del club Trotacalles, admite que la vía judicial no es la salida que más les gusta, pero describe la situación actual como «angustiosa». Reconoce que ya deben a sus seis trabajadores fijos dos nóminas. «De momento, hemos podido pagarles a los 18 monitores», comenta, al tiempo que reconoce que si no tienen liquidez no podrán mantener abiertas las salas mucho más tiempo. «Lo malo es que si cerramos también podríamos estar incumpliendo el contrato», añade. «Tenemos claro que queremos continuar, por eso hay que arreglarlo».
