El fragmentado arco parlamentario no facilita la reforma de la Constitución, aunque los expertos participantes en el debate de Diario CÓRDOBA defendieron los cambios que hay que adoptar para hacer frente a los desafíos que se están planteando, no solo territoriales. El profesor Santiago Muñoz Machado habló de «gallinero de ideas» para referirse a la complejidad para llegar a un acuerdo. «En 1978 se logró un consenso irrepetible», indicó el jurista nacido en Pozoblanco: «Es difícil que esa mayoría se consiga si no cambia mucho el PP. Los independentistas no quieren hablar de reformas. El grupo Podemos y colindantes están por una constitución distinta». Por ello, propuso que se pongan sobre la mesa las ideas, «que haya un cierto espíritu crítico e intelectual para acometer esa misión, aunque sea difícil». En este sentido, advirtió del peligro que entraña «dar satisfacción al independentismo mediante leyes».

La profesora Ana Carmona planteó la posibilidad de hacer una reforma por etapas. «No es necesario cambiar toda la Constitución, ni iniciar un proceso constituyente, sino introducir mejoras o retoques puntuales», afirmó. «La fragmentación política ha venido para quedarse», por lo que estimó que sería «muy conveniente» acometer «una reforma por fases». Junto al encaje territorial, recordó también otras cuestiones que requieren cambios al modificarse la realidad. Así, enumeró aspectos como la entrada en la Unión Europea, el debate sobre el Senado o el blindaje de los derechos sociales. «Es necesario lanzar propuestas y dinámicas que tengan como punto de partida el consenso», añadió.

EL DELITO DE REBELIÓN / En el debate también se cuestionaron algunos aspectos de la reacción del Gobierno del PP a la crisis catalana. El profesor Diego López Garrido consideró que el delito de rebelión, que ha sido aplicado por el juez Llarena, exige «violencia y que haya una insurrección». «El problema de Llarena es que se equivoca, no ha habido rebelión. Ha habido declaración de independencia, pero no una insurrección que ponga en peligro el Estado», dijo López Garrido. Precisamente, consideró que el Estado se ha situado «a la altura» ante el desafío catalán.

Por su parte, Eduardo Baena puso sobre la mesa el «principio de legalidad» para abordar los cambios constitucionales que se requieren en la Carta Magna. «Debemos llegar a unos consensos», aunque también planteó la dificultad con la actual división política. Por eso, 40 años después de la aprobación de la Constitución, Eduardo Baena defendió el texto de 1978: «No era perfecta, pero era la posible. Tuvimos miedo, pero éramos optimistas, aunque prudentes. Veníamos de una dictadura de 40 años y la sociedad quería dar un paso y ser igual que el resto del entorno. Fuimos ejemplo para el mundo».