La revisión del valor catastral de los inmuebles y solares de los municipios tiene una repercusión directa en el valor final de la finca, pero también, y sobre todo, en la cuantía del recibo del IBI, conocido por los ciudadanos como contribución.

Es natural que si la revisión se hace al alza, esos aspectos recibirán un rebote de la subida. Es decir, que las actualizaciones del valor catastral tienen irremediablemente una proyección en un mayor coste para los usuarios. Sin embargo, ni gobierno central ni ayuntamientos, últimos responsables de la subida del IBI, quieren asumir la autoría de ese mayor gravamen inmobiliario. Así, desde el Ministerio de Hacienda se difundía hace unos días un comunicado en el que se informaba de que «ante informaciones publicadas en diversos medios de comunicación en relación con la actualización al alza de los valores catastrales en determinados municipios, este Ministerio aclara que dicha actualización no supone necesariamente una elevación en el Impuesto de Bienes Inmueble (IBI)».

Añade asimismo el Ministerio que «la actualización de los valores se ha realizado a petición de los propios ayuntamientos y son éstos los que en aplicación de sus competencias tributarias, en particular mediante la determinación del tipo impositivo, deciden la cuota a pagar en el impuesto».

Por su parte, desde los ayuntamientos se señala que precisamente, dado que la revalorización catastral supone un aumento de la base imponible sobre la que se calcula el IBI, muchas corporaciones municipales se han visto obligadas, para no aumentar la presión fiscal sobre sus vecinos, a bajar el porcentaje a aplicar sobre el valor actual del inmueble para amortiguar el daño. Si el valor del solar o el inmueble aumenta con la revisión, aumenta también el importe que supone aplicar los porcentajes anteriores, por eso, muchos ayuntamientos han optado por congelar o bajar dicho porcentaje para que el recibo final de la contribución sea menos dañino para las ya de por sí devaluadas economías domésticas.

Como ejemplo práctico, habría que decir que si un inmueble estaba valorado en el catastro en 100.000 euros, con la revalorización, por ejemplo del 8%, pasaría costar 108.000 euros. Así, el porcentaje que se aplique desde el Ayuntamiento aunque sea el mismo, no lo será el resultado final.

En el caso de Córdoba, donde se plantea un ajuste de un 6% más caro, el Ayuntamiento aprobó en Pleno congelar este impuesto de manera general, aunque existen algunas excepciones, relacionadas con locales y superficies comerciales. Bastante claro era el alcalde de Encinas Reales, Gabriel González, que señalaba que pese a los descensos aprobados en la tasa por el Consistorio, «el aumento en lo que pagamos en Encinas Reales ha venido por el valor catastral».

Por otro lado, cabría señalar que aunque ahora hayan sido 16 los municipios en los que se han revisado los valores catastrales, no quiere decir que los otros 59 municipios de la provincia no se hayan visto afectados por la subida, sino que dicha revalorización la han llevado a cabo en los últimos años, y, por consiguiente, sus habitantes ya han visto repercutido sobre su recibo de contribución el incremento contemplado en la actualización.