La no aprobación del proyecto de ley de Presupuestos del 2019 envía a la papelera decenas de medidas para aumentar el gasto social pactadas con Unidos Podemos, pero también las subidas tributarias con las que el Gobierno pretendía financiar su giro social. Lo más probable, no obstante, es que todas estas medidas puedan ser recicladas en forma de programa electoral si, como se espera, Pedro Sánchez convoca elecciones en abril. Hay otras medidas, que pese al rechazo presupuestario, seguirán adelante, pues su aprobación ya se había encauzado en reales decretos previos. Es el caso de las subidas de pensiones, salario mínimo interprofesional y sueldos públicos, en vigor desde el 1 de enero.
Una vez certificado el hundimiento del proyecto de ley de Presupuestos del Estado, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, parecía ayer dispuesta a salvar los restos del naufragio antes del previsible adelanto electoral al mes de abril. El Gobierno «culminará» sus tareas pendientes «que no estaban en los Presupuestos» y que actualmente se tramitan en el Congreso de los Diputados, afirmó Montero. Una convocatoria de elecciones implica la disolución de las Cortes, lo cual hace decaer los proyectos de ley en tramitación. Uno de los proyectos que el Gobierno quiere salvar del naufragio de un adelanto electoral es la reforma de la ley hipotecaria, que ya ha pasado el trámite del Senado y que deber ser aprobada definitivamente por el pleno del Congreso del día 21 de febrero.
La disolución
Una hipotética convocatoria relámpago de elecciones generales para el día 14 de abril, por ejemplo, obligaría a disolver las Cortes el 19 de febrero, lo cual abortaría la aprobación definitiva de ese proyecto de ley que dificulta los desahucios y mejora las condiciones de los titulares de créditos hipotecarios. También abortaría por igual motivo el proyecto para regular la pensión de orfandad de los hijos e hijas de víctimas de violencia de género. Optar por elecciones generales el 28 de abril permitiría salvar algunas iniciativas en fase final de tramitación. Otros proyectos de ley más tardíos, como los de creación de la tasa Google o del impuesto sobre transacciones financieras, decaerían definitivamente.
Un adelanto electoral tira por tierra proyectos de ley en tramitación, pero no así los decretos leyes pendientes de convalidación, pues se prevé que esta pueda ser culminada en la diputación permanente. Por eso no decaerán los decretos para las subidas de las pensiones, de los sueldos públicos o del salario mínimo interprofesional aunque se disuelvan de forman inminente las Cortes.
Leyes laborales
Y hay anuncios del Gobierno, como la derogación de la reforma laboral, que ni siquiera han sido incorporados a un decreto ley cuyo futuro se diluye. UGT y CCOO defendieron ayer que aún hay tiempo para revertir las leyes del PP si las elecciones se dejan para otoño. En todo caso, UGT instó al Gobierno a adoptar vía decreto las cuestiones «que ya se han acordado en las mesas de negociación» con los sindicatos, como son la recuperación de la ultractividad de los convenios, la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa, o el control horario de la jornada laboral. Otro efecto colateral del rechazo del proyecto de ley de Presupuestos es que la prórroga al 2019 de las cuentas del año pasado traerá un mayor nivel de déficit y de deuda para este año. Ello es porque hay medidas del gasto que ya están en marcha (pensiones, funcionarios…) sin que se hayan podido aplicar las subidas de impuestos programadas por el Ejecutivo.
La Comisión Europea (CE) estima que en un supuesto de prórroga presupuestaria el déficit podría derrapar hasta el entorno del 2,4% del PIB este año, lejos del objetivo del 1,3% que perseguía el proyecto de Presupuestos y que, por otra parte, no se creían ni la CE, ni el Banco de España, ni la Autoridad Fiscal Independiente ni entidades como el BBVA.
El Gobierno tendrá que «recomponer» esta situación y ver cómo se puede «controlar el déficit», afirmó Montero. Fuentes de Hacienda adelantan que el Gobierno no intentará impulsar vía decreto las subidas de impuestos que había programado en el proyecto de ley. Siendo así, el control del déficit solo podría acometerse a través de recortes del gasto, a no ser que la decisión se deje en manos del futuro Gobierno que salga de las urnas, que es lo más probable si, como parece, se adelantan las elecciones.
