El empresario Rafael Gómez ingresó ayer en la prisión de Alcolea para cumplir los cinco años y tres meses de privación de libertad a los que ha sido condenado como autor de dos delitos contra la Hacienda Pública. Acompañado por sus cuatro hijos y visiblemente entristecido, el también exconcejal de UCOR en el Ayuntamiento de Córdoba declinó atender a los medios de comunicación que aguardaban su llegada en la puerta de la cárcel. Sí saludó a periodistas y fotógrafos en distintas ocasiones desde el interior del coche en el que se desplazó, y les dedicó una sonrisa.

Gómez, que tiene 73 años de edad, declaró hace días a este periódico que «la prisión de Córdoba no me gusta» porque «está demasiado cerca de mi casa», aunque finalmente ha optado por este centro descartando así las posibilidades que se habían barajado hasta el momento, que apuntaban a su ingreso en ciudades como Málaga o Melilla.

Una de las circunstancias que podrían haber pesado en esta decisión es la proximidad a sus familiares. Según indicaron fuentes consultadas ayer, estos podrán acudir a visitarlo en un primer momento cada quince días, para después hacerlo una vez a la semana. Las mismas señalaron que Gómez podría comenzar a disfrutar de permisos cuando haya cumplido un cuarto de su condena. Se da la circunstancia de que el empresario Francisco José Pozuelo, conocido como Pacurri, que durante años estuvo muy vinculado a él, se encuentra también en la prisión de Alcolea.

Su entrada en la cárcel se produjo sobre las 18.30 horas y en el último día del plazo que el juez le había concedido para hacerlo de forma voluntaria, ya que hoy se consideraría una jornada de gracia. A lo largo de la tarde, la presencia de medios de comunicación en el acceso al centro despertó la curiosidad de personas que llegaban para visitar a sus familiares. No obstante, algunas fuentes apuntaron que entre los internos ya se había corrido la voz de la llegada de Sandokán, como se conoce popularmente en Córdoba a uno de sus empresarios más destacados de las últimas décadas.

A partir de este momento, uno de los frentes que tiene abiertos es el pago de en torno a 29 millones de euros que se le exige como responsabilidad civil, ya que la Justicia entiende que esta es la cantidad que dejó de abonar a Hacienda a través de los impuestos de dos empresas. Por otra parte, la condena incluye una multa de alrededor de 112 millones de euros.

La sentencia de Rafael Gómez fue confirmada el verano pasado por la Audiencia provincial de Córdoba. Pese a que la Justicia se ha manifestado en contra, la semana pasada el empresario insistió en su inocencia, asegurando que «yo sí sé que soy inocente y lo sabe todo el mundo». Entre otras ideas, afirmó que se encontraba «contentísimo» después de que el juez rechazara suspender su pena y esperar a que el Gobierno se pronuncie sobre la petición de indulto. La defensa recurrió esta decisión ante la Audiencia provincial, pero todavía no se ha conocido la resolución.

Otra vía por la que el empresario todavía confía en evitar la condena es el recurso de amparo presentado ante el Tribunal Constitucional, sobre el que tampoco ha trascendido si ha sido admitido a trámite o denegado. En este sentido, fuentes próximas al caso indicaron recientemente que el entorno de Gómez confía en que «se puede restituir la inocencia» en el Constitucional y que hasta última hora ha mantenido la esperanza de que no entrara en prisión.