Si se diera la circunstancia de que el pagaré que Carlos González ha entregado a la entidad bancaria para iniciar la gestión del cobro de los 4,5 millones de euros que debe abonarle Jesús León no tiene fondos, el Córdoba entrará en una diatriba legal con muchas posibles vías, dependiendo de si el expropietario tinerfeño opta por la acción judicial o por buscar un acuerdo con León en los próximos días.

El proceso es complejo, tal y como explica Cristóbal Fernández, abogado especializado en derecho deportivo, que trata de desgranar los posibles escenarios en los que puede entrar el contencioso entre ambas partes y cómo afectaría al club.

«Una vez que se acuerda una fecha para pagar, debe pagarse entonces. Pero existe el cumplimiento extemporáneo, es decir, que Jesús León puede pagar luego, aunque entre en mora». La vía de la resolución, es decir, de dar el contrato por inválido y que González recupere el control efectivo del Córdoba, es la más difícil de todas las que se abren. «Habría que ver si el dinero que le ha entregado hay que devolvérselo o no. El club no vale lo mismo en Segunda que en Segunda B. Además, en caso de resolución, el vendedor, en este caso González, le devuelve el dinero a León, que le entrega la propiedad».

Este abogado añade que pueden existir muchas cláusulas dentro del contrato de compraventa, una de ellas, que la resolución del contrato y la devolución del club sean automáticas y sin contraprestación. «No te devuelvo lo pagado porque entiendo que has producido unos daños y perjuicios, y pido el control del club», explica Fernández. No obstante, dependiendo de esas cláusulas el porvenir puede cambiar o ser matizado.

¿Qué ocurriría si González, tal y como ha asegurado que hará, acude a la vía judicial y no quiere saber nada de un acuerdo para un pago prorrogado con León? «Agosto es un mes inhábil judicialmente pero González puede poner la demanda, que comenzaría a verse en septiembre». Al tratarse de un «procedimiento ordinario», la vía judicial podría llevar a unos «seis meses de espera hasta que se señale la vista del juicio».

El que León ya haya abonado cinco millones de los 9,5 en que está estipulado el contrato de compraventa «claro que influye» en la posible decisión del juez. «El juez va a estar más reacio a la hora de resolver ese contrato. Y tal vez lo que se establecen son unos intereses por moratoria y una orden judicial que ponga un plazo por acuerdo judicial, que en caso de cumplimiento, es ejecutable de forma más rápida».

Para este abogado, «el pago de los cinco millones y la voluntad explícita y pública de pagar hacen inviable que la otra parte -Carlos González- quiera ejecutar el contrato». Eso sí, el empresario tinerfeño puede «reclamar la deuda judicialmente, que el juez reconozca la cantidad y pida la ejecución». En estos casos, el juez «pondera en un tema muy complejo, con muchas aristas e intentando no dejar indefensa a ninguna de las dos partes».

Finalmente, existe la posibilidad, pese a las palabras de González, de que, como ocurrió en julio del pasado 2018, se acuerde el pago en los próximos días o semanas. «León puede pagar ahora una parte y pactar más adelante otro plazo con lo que reste, creo que esa puede ser la solución”» explica Cristóbal Fernández, que entiende que si el caso va a la vía judicial podría demorarse en exceso. Mientras tanto, «la propiedad es, sin ninguna duda, de Jesús León, hasta que la otra parte no actúe. Como no sabemos en lo que la vía judicial resolverá, si es en quitarle las acciones o en garantizar el cobro de la deuda, León sigue siendo el propietario, sigue en la misma posición».