El curso político en la provincia se presenta con una intensa y difícil tarea por delante, pues siguen existiendo asuntos pendientes que vienen arrastrados de años y mandatos anteriores a los que se unen nuevos retos, como el de combatir la despoblación de los núcleos rurales, principal objetivo de la Diputación, al que se han sumado los propios ayuntamientos y las demás administraciones, que ven cómo el medio rural cada vez está más despoblado y se hacen necesarias medidas e intervenciones que intenten poner freno a este fenómeno.

Uno de los aspectos fundamentales que contribuirán a conseguir este objetivo es el del empleo. Por ello, desde la Diputación, ya en la toma de posesión del nuevo equipo de gobierno se señaló que una de sus líneas principales de actuación es promover, incentivar y financiar proyectos relacionados con la generación de empleo, que contribuyan a la fijación de la población al territorio. Pero aparte de ello, los pueblos reclaman otro tipo de infraestructuras y dotaciones que les permitan prestar a los vecinos unos mejores servicios, entre los que destacan los sanitarios y sociosanitarios, los abastecimientos fundamentales (agua y electricidad) de calidad y todos aquellos que contribuyan a una mayor seguridad en los núcleos de población.

Carreteras / En ese sentido, desde la Diputación y también desde la Junta de Andalucía se está haciendo un esfuerzo considerable por mejorar las carreteras que recorren la provincia. El Gobierno andaluz en el último mes ha sacado a licitación varios bloques de mantenimiento y mejora de las carreteras de su competencia (también ha anunciado revisar el proyecto de Las Angosturas), al tiempo que la Diputación ha hecho en su nueva configuración para este mandato una apuesta firme por mejorar las carreteras provinciales y muy especialmente por los caminos rurales y de titularidad municipal.

Pero en esta materia hay dos vías especialmente importantes, muy reclamadas por los municipios por los que pasan, como son la transformación de la Nacional 432 (que une Badajoz con Granada) en la autovía A-81 y la conclusión de la Autovía del Olivar, que en el recorrido cordobés tiene aún varios tramos sin ejecutar.

Depuradoras/ Otro de los asuntos que depende de dos administraciones es el de las depuradoras, cuya construcción es competencia de la Junta, pero en las que la Diputación aporta los terrenos. Otra infraestructura hidráulica que también es muy demandada por los agricultores y ciudadanos de Los Pedroches es la red secundaria de distribución de agua de la presa de La Colada, que permita dotar del recurso a las explotaciones agroganaderas de la comarca que, precisamente este año, como consecuencia de la sequía están atravesando serias dificultades para mantenerse.

Hay un asunto que cada vez reclama más atención institucional, los servicios sanitarios y sociosanitarios, en cuanto a las dotaciones se refiere. En este sentido, hay varios proyectos pendientes. El más destacado es el hospital de Palma del Río. Pero en Lucena también está pendiente la construcción del hospital, una obra cuya redacción del proyecto se licitó en noviembre del 2018 por un presupuesto de 1.182.855 euros. El proceso de contratación aún no está resuelto porque el asunto ha llegado al Contencioso Administrativo por la denuncia de algunas de las empresas licitadoras. Sobre lo que costará la construcción no han trascendido datos, pero se estima que puede rondar los 10 millones de euros.

En Pozoblanco, el reto es resolver los trámites necesarios, entre ellos la permuta de los terrenos, que hagan posible la construcción de la residencia de mayores.

Por su parte, en Lucena está en periodo de ejecución el Centro Comarcal de Servicios, un edificio que construye la Diputación en el Pilar de la Dehesa y cuyas obras comenzaron en el año 2009, con un presupuesto de 600.000 euros para la primera fase, que fue la única que se ejecutó. El precio de las dos que quedan ha sido cifrado entre los 800.000 y el millón de euros.

Y sin salir de Lucena, también está en periodo de construcción la sede de la Seguridad Social, una obra que se adjudicó en mayo del 2013 por un importe de 2,7 millones. Esta construcción se paralizó en el 2015, porque la empresa constructora abandonó cuando solo llevaba levantado el 19% del total. Desde el Gobierno central se habla de un coste de 4,7 millones para poder terminarlo.