La Constitución Española de 1978 tiene plena vigencia y aunque el progreso y la transformación del país, 40 años después de su aprobación en referéndum, es evidente una reforma de la Carta Magna conllevaría ciertos riesgos, aunque podría encontrarse un margen de flexibilidad para adecuarla a los nuevos tiempos siempre que se alcanzara el consenso que la hizo posible.

Esta fue una de las ideas que bajo el formato de un debate, moderado por Francisco Luis Córdoba, desarrollaron ayer tres relevantes personalidades en la conferencia titulada Balance y perspectivas de la Constitución en la España actual, organizada por Diario CÓRDOBA, que reunió en el salón de actos de la Ciudad de la Justicia a Maria Emilia Casas, presidenta del TC entre 2004 y 2011; Miquel Roca, uno de los siete padres de la Constitución; y Alfonso Guerra, diputado constituyente, vicepresidente del Gobierno entre 1982 y 1991 y presidente de la Comisión Constitucional del Congreso entre 2004 y 2011.

Emilia Casas resaltó que el mejor balance de la Constitución en su 40 años es que «se mantiene como un éxito colectivo» y ha sido la que ha dado «estabilidad a la democracia», aunque admitió que con una España «completamente transformada» es posible reformular algunas cuestiones. De esta tendencia a una reforma reflexiva y de alcance calculado, Roca se declaró un «no entusiasta» por su «contrato» con la Carta Magna. «La hicimos muy bien y no era nada fácil», evocó del tiempo de la Transición. «Ninguno de los problemas que hay hoy España tiene su fundamento en la Constitución», dijo Roca, quien recordó que en 1978 les pidió a los catalanes que compartieran su entusiasmo en un referéndum que arrojó un resultado del 91,5% de síes. Guerra, por su parte, recordó el «catálogo de renuncias» de los grupos para alcanzar el consenso y, sobre todo, que la Constitución se elaboró «para todos los españoles».

¿Se podría conseguir hoy el consenso del 78 para reformar la Constitución y adaptarla a los cambios sociales y al contexto europeo? Guerra no lo ve posible por la composición actual del Congreso, muy fragmentado, aunque con matices admitió que algunos artículos podrían mejorarse, pero sin llegar a la gran reforma que pretenden algunos. Muy explícita se mostró Casas al admitir que hay en el país una «encrucijada de nuevos problemas» cuya resolución se encuentra en la propia Carta Magna. Pero advirtió que el Tribunal Constitucional no puede reformar la Constitución ni asumir el papel del constituyente porque no le corresponde. Roca precisó que no acepta «una reforma como necesidad» sino como una opción «para buscar soluciones para la convivencia de los españoles».

Sobre el debate territorial, con el desafío soberanista catalán de fondo, Miquel Roca calificó de «impresionante» la descentralización del poder en España. Pero seguidamente advirtió de que sería un «trampa absoluta» provocar una reforma constitucional para solventar los conflictos que tiene el país. «Los problemas se pueden resolver sin tener que buscar la solución escudándonos en la Constitución», dijo. Casas recordó que los estatutos de autonomía están subordinados a la Constitución y que el artículo 155 «tiene carácter preventivo» y se aplicó correctamente para el asunto de Cataluña. Guerra señaló que el conflicto catalán arrancó cuando se quiso sustituir el poder constituyente por el poder constituido, alrededor del cual hay «gente que elabora ingeniería jurídica» para generar dudas. Roca, con rotundidad, apostilló que la «Constitución tiene margen para muchas cosas, pero al margen de la Constitución no cabe nada».

Se trató el asunto de la prevalencia del varón sobre la mujer en la sucesión de la Corona, como uno de los asuntos a reformar, antes de ahondar en la politización de la justicia. Casas reconoció que la política de cuotas no favorece a la justicia, pero defendió sin fisuras la independencia de los jueces y de sus órganos, «aunque haya rendijas por las que se cuelan malos ejemplos». Guerra defendió la elección del CGPJ por las Cortes porque «la justicia emana del pueblo», mientras que Roca puntualizó que el problema está en la «judicialización de la política».