La plantilla municipal de funcionarios y personal laboral, en torno a 1.748 trabajadores entre todos los servicios, puede reducirse en el mejor de los escenarios entre el 30 y el 36,5% en solo 9 años, según las jubilaciones se produzcan a los 63 o 65 años, todo ello al coincidir con las más de tres décadas de la mayor incorporación de trabajadores a la plantilla, al principio de los ayuntamientos democráticos.
La situación no tendría más trascendencia si en este periodo pudieran reemplazarse las vacantes previstas, algo ya de por sí difícil al tratarse de un grupo de unos 640 trabajadores en total, y eso sin contar los puntuales pero estadísticamente probables casos de fallecimiento o de incapacidad, según un estudio detallado que ha hecho el sindicato CTA con datos de los últimos años y previsiones bajo distintos escenarios.
Lo grave del problema está en que, además de tratarse de una cifra elevadísima de puestos a cubrir, la nueva normativa restringe y dificulta las convocatorias de empleo público en las administraciones locales.
Así las cosas, ya hay responsables y trabajadores municipales que, tanto a título individual como desde puestos oficiales o políticos, advierten que a partir del 2017 muchos servicios pueden verse afectados, tanto por el descenso de los recursos humanos como por la pérdida de la experiencia de muchos veteranos trabajadores que se jubilan a la vez, personas que conocen los más pequeños y vitales entresijos de la gestión municipal diaria y sin los cuales los ciudadanos se encontrarán con más de un problema.
EL PROBLEMA DE FONDO
Y es que a la coincidencia de que se cumplan tres décadas de la mayor ampliación de la historia de la plantilla municipal con el primer Ayuntamiento democrático hay que sumar los seis años de congelación de reposición de puestos, la actual ley de Presupuestos y la polémica Ley de Racionalidad y Sostenibilidad de las Administraciones Públicas, que no dejan de poner trabas con el 50% de reposición en servicios «prioritarios» y aunque se permita el 100% en los servicios esenciales, como policías locales o bomberos, cuyas oposiciones, desde que se convocan hasta que el agente pasa el curso final y se incorpora, es un proceso que no dura menos de dos a dos años y medio.
CTA, ALARMADA
«Lo venimos advirtiendo desde hace tiempo, pero el problema, que es el más grave al que se va a enfrentar el Ayuntamiento los próximos años, se nos ha echado encima sin que se haga nada», afirma Francisco Moro, secretario provincial de CTA, la central que encabeza el comité de empresa del Ayuntamiento de Córdoba.
Más aún, la propia CTA reconoce que la solución es difícil por la legislación actual, y que no se trata de un problema exclusivo del Ayuntamiento de Córdoba, «pero también cuenta la voluntad política. Por ejemplo, hay un remanente de gastos de personal del año pasado y que se puede utilizar. No nos cuadra la cifra que nos han dado». Además, «en el Ayuntamiento de Sevilla han sacado 103 plazas de policías locales y bomberos. El de Valencia 124... Si ellos pueden, ¿por qué no podemos nosotros?» se pregunta Moro.
AUMENTE HABLA DE «HORROR»
Pero lo más inquietante es que desde el otro lado de la mesa de la negociación colectiva el teniente de alcalde delegado de Seguridad, Policía Local y Gestión del Ayuntamiento, el concejal de Personal, Emilio Aumente, no solo de la razón a los temores de los sindicatos, sino que incluso hable de «una situación horrorosa» y pida un urgente intervención de la FEMP para, con una actuación a nivel nacional, frenar la «irracional» Ley de Racionalidad, por otra parte recurrida actualmente por la Junta en el Tribunal Constitucional.
Más aún, Aumente insiste en el aviso que lanzó hace apenas tres semanas sobre el grave problema que tendrá la ciudad cuando «en dos años se jubilen 60 policías locales de golpe», al no poder reponerlos en la misma medida ni tampoco con rapidez por «la ley que impuso el PP, con la que nos tiene maniatados a los ayuntamientos» en materia de contratación. En este cupo de 60 policías a punto de jubilarse estarían también los 15 que adelantarían su marcha por la equiparación prevista de jubilación de la Policía Local al resto de cuerpos de Seguridad del Estado.
Por su parte, el directivo de la federación vecinal Al-Zahara y presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano, Juan Andrés de Gracia, recordaba ayer mismo que «un servicio público sin trabajadores no es servicio» y recordaba la posición de Al-Zahara favorable a que se reponga el 100% de las plazas, más aún tras la sangría de los últimos años.
