Llega el momento de que los políticos españoles estén a la altura para atenuar las consecuencias de una reforma de la Política Agraria Común (PAC) en la que el recorte de fondos brilla en el horizonte 2021-2027. La marcha del Reino Unido, pero también el rechazo de los principales países contribuyentes a incrementar sus aportaciones no lo pondrá fácil. Sobre todo cuando ya en el actual marco agrario (2014-2020) hubo una importante merma de subvenciones. El delegado provincial de Agricultura, Francisco Zurera, advirtió la semana pasada que la actual PAC trajo un descenso de 212,8 millones en las ayudas destinadas a la provincia, reducción que continuará si no cambia la propuesta que ya se está manejando desde Bruselas.
El marco actual
La última reforma de la PAC, que estará en vigor hasta el 2020, ha dejado en la provincia una media de 305 millones de euros, lejos de los 335,3 de la Política Agraria Común del periodo 2007-2013. La Junta estima que las pérdidas en siete años han sido de 212,8 millones. Si se mantiene el recorte del 5% de los fondos, Agricultura prevé que entre 2021-2027 la media anual se sitúe en 268 millones, es decir, 37 menos al año que ahora. Además, Andalucía fue la comunidad que perdió más (la mayoría ganaron) con la reasignación nacional que hizo el Ministerio de Agricultura. Así, practicó una reducción lineal del 8,64% de los derechos de pago único, además de modificar las ayudas asociadas. A esto se unió la fuerte disminución de ayudas al desarrollo rural aplicada en Andalucía, que asciende entre 2014 y 2020 a 286 millones entre fondos europeos y cofinanciación estatal.
La propuesta
El dinero a repartir se sitúa en 365.000 millones de euros para la agricultura de los países comunitarios (el 40% de todo el presupuesto de la UE). España será uno de los estados que sufrirá recortes en los pagos directos al contemplarse una disminución de fondos del 3,5% a precios corrientes, llegando al 15% en el desarrollo rural. Si se le aplica la inflación, el descenso global llegaría al 16%, que es lo que denuncia la Junta de Andalucía. Ahora, este documento deberá negociarse entre los países, entre los que existe un grupo que ya han manifestado que rechazan cualquier recorte (España, Francia, Finlancia, Irlanda, Grecia y Portugal). De las ideas que prima la UE en esta propuesta destaca el reforzamiento de las medidas ambientales y sociales de la PAC, además de sugerir una política agraria más equitativa. De esta manera, sugiere que el techo máximo de las ayudas se situará entre 60.000 y 100.000 euros por explotación. Los países deberán también reservar un 2% de los pagos directos a favorecer el establecimiento de jóvenes agricultores. Además, se dará la posibilidad de que los Estados puedan transferir hasta un 15% de los pagos directos al desarrollo rural. Y si en la actual PAC aparecieron conceptos como el greening (ayudas vinculadas a servicios medioambientales), estas acciones se reforzarían ahora. Al menos el 30% de la asignación nacional para desarrollo rural tendrá que destinarse a medidas medioambientales y climáticas.
Rechazo unánime
La propuesta de Bruselas no ha gustado nada a las organizaciones agrarias y a las cooperativas. Junto al rechazo al recorte presupuestario, critican el riesgo que se plantea de renacionalización de la PAC en cada uno de los países. Asimismo, advierten de que se hará más compleja la tramitación y Asaja critica el techo de las ayudas. Desde la Junta de Andalucía se apoya el «capping» obligatorio para la distribución de ayudas y que se acentúen las medidas para luchar contra el cambio climático y el mantenimiento de la población en el medio rural. No obstante, recuerda el importante recorte de fondos en la PAC.
