El colectivo al que principalmente va dirigida esta norma es el más crítico con la misma, pues considera que no responde a las necesidades reales.
La vicepresidenta nacional de la Federación de Trabajadores Autónomos (ATA), Celia Ferrero, explicó a este periódico que, «cuando se aprobó la norma, ya se dijo desde ATA que no era cierto que fuera una ley de segunda oportunidad, porque no responde a las necesidades reales de los autónomos».
La principal de todas estas demandas es la de poder atender las deudas con la Administración. «El gran problema de los autónomos cuando entran en crisis es el de hacer frente a las deudas contraídas con la Seguridad Social y Hacienda, y la ley de Segunda Oportunidad no las incluye»
Hace alusión Ferrero también a la no inclusión de estos procedimientos en la justicia gratuita, «lo que obliga a los empresarios afectados a buscar un intermediario privado (abogado) cuyo gasto no puede asumir». El tercer aspecto que señala la vicepresidenta de ATA es la lentitud del procedimiento.
Desde ATA esperan con algo más de ilusión la directiva europea que se está redactando y que parece que va a responder a algunas de las demandas del colectivo, como es que se incluyan las deudas con estamentos públicos, establecer una moratoria para hacer frente a la deuda y hacer compatible el proceso con iniciativas que permitan al deudor poner en marcha una vía de recuperación. Hay algo más que considera Celia Ferrero fundamental, como es establecer un servicio de prevención que se pueda activar apenas se detecta el problema.
