También dentro del articulado de la norma destinado a la seguridad ciudadana propiamente dicha se incluye el 37.7, que es el que se refiere a la ocupación de cualquier inmueble o vivienda y la permanencia de en ellos en contra de la voluntad de sus propietarios (los okupas). De esta modalidad se han registrado desde la entrada en vigor de la norma un total de 327 casos en Córdoba, que han sumado una cuantía en sanciones de 32.700 euros. Solo en el año 2017 se registraron 116 casos.

Por último, también es destacado el apartado que se refiere a daños o deslucimiento de bienes muebles o inmuebles de uso o servicio público, así como de bienes muebles o inmuebles privados en la vía pública. en esta norma este tipo de actuaciones etán sancionadas con 100 euros. De este tipo de hechos se han contabilizado desde el año 2015 un total de 55 intervenciones en la provincia, con una cuantía de sanciones que suman 5.500 euros. En el último año se contabilizaron 21 hechos.