El grifo del empleo público empieza a abrirse. Después de una década de recortes impuestos por una ley estatal que reprimió hasta límites insospechados la reposición de efectivos, reduciendo así la plantilla de la mayoría de servicios públicos en todas las administraciones, la situación empieza a revertirse poco a poco. Basta con echar un vistazo a las publicaciones oficiales que recogen las convocatorias de plazas de la Administración General del Estado o la Junta de Andalucía, que tras años de sequía, vuelven a estar cargadas de anuncios.
Según la información recopilada a través de academias y sindicatos, los cordobeses tendrán la opción de presentarse para optar al menos a 40.000 plazas de ingreso libre en los próximos meses. En la Administración General del Estado, ya se han convocado más de 1.400 de auxiliar administrativo y unas 2.000 de administrativo mientras en Justicia, hay en torno a 7.000 para cubrir puestos en Gestión Procesal y en Tratamiento Procesal y Auxilio Judicial. Según CCOO, «la oferta de empleo público del 2017 está prácticamente convocada aunque no resuelta y las ofertas del 2018 y 2019 están sin convocar en la mayoría, lo que supone que hay una ingente cantidad de plazas por salir en las que se mezclan las de ingreso libre, unas 32.000 entre 2017 y 2019, a las que hay que sumar otras 20.000 de promoción interna y alrededor de 7.600 para estabilización». Según el sindicato, en los últimos diez años «la pérdida media de empleo público en la Administración General del Estado en Córdoba ronda el 18%, un 15% en personal funcionario y un 30% en personal laboral». Los datos facilitados muestran la evolución en esta década. Entre enero del 2009 y enero del 2019, se han perdido casi 300 puestos de personal funcionario en la provincia y unos 180 en en personal laboral.
En el ámbito sanitario andaluz, la reposición de efectivos lleva años de retraso y las convocatorias se solapan antes de haberse resuelto las anteriores. Mientras se completa la incorporación en Andalucía de las más de 3.200 plazas de la convocatoria del 2013-2015, la oferta pública del 2016 y 2017, que supone más de 25.500 puestos de trabajo, está ahora en proceso y ya se ha publicado la convocatoria correspondiente al 2018, que asciende a 3.618 plazas. El SAS ya ha mostrado su intención de que, una vez se negocien las 3.500 plazas correspondientes al 2019 y las 3.000 pendientes del 2020, la convocatoria se unifique en una sola con unos 10.000 puestos entre ingreso libre y promoción interna. Pese a todo, la precariedad y temporalidad denunciada insistentemente durante la crisis sigue sin desaparecer.
Según la secretaria general de CCOO de Córdoba, Marina Borrego, «a pesar del acuerdo de estabilización firmado en el sector sanitario, que benefició a 15.000 profesionales y pese a las sentencias del Tribunal de Justicia Europeo, el SAS continúa realizando contratos eventuales concatenados por periodos superiores a un año, incumpliéndose lo estipulado en el Estatuto Marco de los profesionales de la sanidad pública y realizando contrataciones en fraude de ley al mantener la alta temporalidad».
En este contexto, el sindicato denuncia «el gran problema que se está dando por la falta de profesionales en las bolsas de trabajo del SAS, ya que la deficiente gestión y las malas condiciones laborales que se ofrecen, en duración y en retribuciones, hace que muchos profesionales prefieran marcharse a otras comunidades autónomas o al sector privado». Recuerda que la falta de facultativos es acuciante y que este año se han agotado los listados de bolsa de enfermeras. Además, está siendo la causa de las «macrolistas de espera quirúrgica o de consultas de especialistas, además de ser uno de los principales problemas de la lacra de las agresiones a profesionales de la sanidad», aseguran.
En el ámbito educativo, está pendiente la convocatoria de unas 1.500 plazas para Secundaria en septiembre que se sumarán a las 3.800 de Infantil y Primaria que se han cubierto de cara al próximo curso tras los exámenes realizados el pasado mes de junio. Esta semana se conocían los destinos adjudicados a los 14.700 maestros que se incorporarán a las aulas al inicio del curso próximo, entre los que figuran más de 5.000 plazas de interinos. Según Aurora Bueno, secretaria general de Enseñanza de UGT, la temporalidad también es el problema del empleo en este sector. «Se están cubriendo el 100% de las plazas, pero no se cumple el acuerdo de la mesa sectorial que pretendía reducir la tasa de reposición con personal interino», afirma Bueno, que define la situación actual como «un caos administrativo porque se han sacado menos plazas de las previstas y se ha dejado a muchos interinos con años de servicio en la cola del paro». A esto se une, añade, «la inestabilidad y la falta de conciliación derivada de que las plazas que se están creando no tienen carácter definitivo, lo que obliga a cambiar de destino cada año».
