Mientras la factura de la luz sigue creciendo a ritmos desorbitados y algunos señalan ya que en diez años se ha triplicado la multa mensual que las familias abonan por tener acceso a unas condiciones de habitabilidad dignas en sus hogares, el bono social eléctrico sigue sin convencer a los usuarios. A finales del año pasado, existían en Córdoba, según los datos facilitados en su día por Endesa, 34.200 familias beneficiarias del antiguo bono social, el que, por ejemplo, concedía descuento de forma estándar a las viviendas con menos de 3 kw contratados y a los pensionistas mayores de 60 con bajo nivel de renta. Otros 32.000 hogares se habían dado de alta a fecha de diciembre del 2017 como solicitantes del nuevo bono.

El nuevo bono social eléctrico reduce el número de beneficiarios un 76%.

La antigua tarifa de ahorro, llamada a extinguirse en cuanto que entre en vigor el decreto que modifica la norma, sigue aplicándose a día de hoy a unos 22.400 hogares cordobeses, según las mismas fuentes. Sin embargo, hasta el momento en la provincia solo se han acogido al nuevo bono social 14.700 hogares, apenas un 22,3% del total (el 76,7% se queda fuera) que son los que tendrán derecho a beneficiarse del bono a partir del 8 de octubre. Y eso que, según Endesa, en los primeros días de septiembre se registró un repunte de solicitudes del 11%. El 8 de octubre fue la fecha que señaló el Gobierno anterior como prórroga al plazo fijado inicialmente (abril del 2017) al comprobar que un número importante de potenciales beneficiarios no se estaban acogiendo a este sistema de descuentos.

Esta misma semana, a pocos días ya de que se cumpla el horizonte del 8-O, el Gobierno central ha planteado la posibilidad de volver a ampliar el plazo hasta el 31 de diciembre e intensificar además las campañas informativas al respecto, aunque hasta el momento no se ha confirmado oficialmente.

Al parecer, sigue habiendo familias que son beneficiarias del antiguo bono social y que podrían tener acceso al nuevo, pero no han tramitado la renovación. De no hacerlo, cumplido el plazo, volverán a pagar a precio normal del mercado (libre o regulado, según apareciera en su contrato previo).

Otra explicación a la drástica reducción de solicitantes, según Endesa, es que un número significativo de usuarios que antes tenían derecho al bono social ya no lo tendrán. Por ejemplo, todos aquellos que tienen contratada la potencia mínima y no cumplen los requisitos de renta, ya que en el antiguo bono no se tenía en cuenta la renta. También quedarán excluidas las segundas viviendas, ya que antes tenían bono social porque los propietarios suelen contratar en esos casos la potencia mínima. El nuevo bono solo se aplica solo en el domicilio habitual del titular del contrato. Según las eléctricas, los supuestos del nuevo bono «son muy diferentes a los del antiguo, no son comparables», de ahí que el bono no pueda renovarse de forma automática.

TRES TIPOS DE VULNERABILIDAD // Cabe recordar que la nueva norma prevé tres posibles categorías de clientes con derecho a bonificaciones del 25% o del 40%, según su situación. Los clientes vulnerables (unos 6.900 solicitantes en la provincia) que pueden acceder al 25% de descuento (aplicable solo en el primer tramo del consumo) son todas las familias numerosas, las unidades familiares con niveles de renta que no superen entre 1,5 y 2,5 veces el Iprem de 14 pagas, según el número de personas que la integren o unidades familiares donde todos sean pensionistas con pensiones mínimas previstas por jubilación o incapacidad permanente.

El bono para clientes vulnerables severos, que han solicitado unos 6.500 usuarios en la provincia, son familias numerosas con renta inferior a dos veces el Iprem de 14 pagas, unidades familiares que cobren menos de la mitad que los vulnerables y los hogares donde todos sean pensionistas y en conjunto ingresen menos de una vez el Iprem de 14 pagas. En estos casos, se les descontará el 40%.

Además de presentar el formulario correspondiente firmado por todos los miembros de la unidad familiar, hay que aportar el NIF del titular del contrato y de todos los miembros de dicha unidad, fotocopia del libro de familia o, en su caso, documentos que acrediten el estado civil del solicitante. Se consideran circunstancias especiales la discapacidad mayor o igual al 33%, que debe acreditarse con el certificado correspondiente, o ser víctima de violencia de género o de terrorismo, circunstancias que deben igualmente acreditarse.

La bonificación del 100% solo se prevé en los casos de extrema vulnerabilidad, pero son los servicios sociales los que deben elevar la solicitud correspondiente.

Los pequeños consumidores se quejan de la complejidad burocrática del nuevo sistema, que además les obliga a repetir todos los trámites cada dos años. También cuestionan que el decreto establezca que todas las familias numerosas, independientemente del nivel de renta, tengan derecho a disfrutar del descuento del 25% mientras hay colectivos como los pensionistas a los que se les exigen condiciones de renta muy bajas para poder solicitar el bono social eléctrico.