El paquete de medidas prevé que el control de los Mossos sea asumido directamente por un «órgano o autoridad creado o designado» por el Ejecutivo español, que dará las «instrucciones directas y de obligado cumplimiento a los miembros de la Policía de la Generalitat». Además, «en caso de que sea necesario», se autorizará que los Mossos sean «sustituidos por efectivos» de la Policía y de la Guardia Civil, que podrán ser desplegados en Cataluña.

El acuerdo también prevé que, «en caso de incumplimiento» de las órdenes, «se podrá proceder a su exigencia» y pedir «responsabilidades patrimoniales, contables, penales o de cualquier otro tipo». En el texto se explica que «en su caso» también se podría acordar el cese de las «autoridades dependientes» en materia de Seguridad. Esto comportaría que el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, podría ser relevado si el Ejecutivo central lo considera oportuno. En concreto, el acuerdo del Consejo de Ministros asegura que, con «el cese del presidente de la Generalitat y del consejero titular del Departamento de Interior (Joaquim Forn) en el ejercicio de las funciones previstas en el artículo 164 del Estatuto de Cataluña», serán los órganos designados por el Gobierno los que podrán «dictar instrucciones directas y de obligado cumplimiento» a los Mossos.

«Los órganos o autoridades creados o designados por el Gobierno de la nación podrán acordar el despliegue de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Cataluña, coordinando la actuación de la Policía de de la Generalitat de Cataluña, los Mossos d’Esquadra», asegura el document en su punto C.1, destinado específicamente a la seguridad y el orden público.

Interior también va a trabajar para que los Mossos d’Esquadra sean una policía «sin adscripción política». La primera obligación de un cuerpo policial, agregan las citadas fuentes, es cumplir y hacer cumplir la ley. Ese es el eje sobre el que se engranará el trabajo de Interior en esta etapa.