La Junta logró ingresar el año pasado 3,37 millones por rentas de su parque público, que atribuye a la «estrategia de gestión» puesta en marcha en esta legislatura y en vigor hasta el 2020, que deriva en una reducción «notable de los índices de morosidad en el pago de las rentas», que se habían incrementado con la crisis. En esa cantidad entran las rentas de alquiler del 2017, atrasos de otros años y cuotas de compraventa. Parte de esa cuantía, según Fomento y Vivienda, se destina a obras de mantenimiento y mejora de los bloques.

Entre las medidas que se están aplicando están, además de la verificación de las viviendas, el envío de notificaciones a los residentes para recordarles sus deudas. Fomento y Vivienda explica que se están ofreciendo fórmulas «para facilitar el cumplimiento» de esa obligación, como la firma de compromisos de abono de las deudas o el programa de determinación temporal de rentas, «que minora la cuantía de las mismas a familias que acrediten su incapacidad económica para hacer frente al recibo mensual».

Según la Junta, el 90% de los inquilinos pagan menos de 60 euros al mes y hay un 93% que no llega a 100, lo que no ha evitado los efectos de la crisis y que muchos no puedan pagar.

Para frenar la morosidad, la Junta inició un plan de choque, con el que ha ido aumentando ingresos, que destina a obras, que en el 2017 estuvieron centradas en las áreas de rehabilitación de Las Palmeras y Montoro. En concreto, la Junta destinó 1,5 millones para actuaciones que beneficiaron a 482 viviendas.

A nivel andaluz, aunque el nivel de recaudación es el mismo que un año antes, en tres ejercicios la Junta ha logrado ingresar un 50% más entre rentas ordinarias y cuotas atrasadas.

Este periódico ha intentado, sin éxito, lograr los datos actualizados de morosidad. Hace un año, los impagos en el alquiler afectaban al 43% de los pisos de la Junta y el índice de morosidad se había reducido un 10%.