De los 26 miembros de su familia, 16 se encuentran fuera de Venezuela y los que siguen en el país «quieren marcharse», aunque no tienen las condiciones necesarias para poder hacerlo. Laura es el nombre ficticio de una mujer venezolana de 42 años de edad que está siendo ayudada por Cruz Roja en Córdoba para iniciar una nueva vida. Afirma que «si regreso a Venezuela, mi vida corre peligro», porque se ha posicionado en contra de las políticas del Gobierno y en los últimos tiempos ha percibido cómo las presiones que se ejercían sobre ella han ido en aumento.
En la actualidad, está en España como solicitante de asilo y, aunque su hijo y su pareja también se encuentran en el país, recuerda que parte de su familia permanece en Venezuela y «no sabes si en algún momento les puede tocar a ellos», apunta en referencia a los actos de violencia y las muertes que se están registrando.
Laura explica que ha sido contraria a las políticas que se han emprendido en el Ejecutivo desde la llegada de Hugo Chávez en adelante, ironizando al señalar que «ellos lo llaman revolución bolivariana, pero para nosotros son ‘robolucionarios’, porque han dejado el país en quiebra total». De este modo, hace hincapié en que «yo decía que si me matan en una marcha me mataron, porque estoy luchando por una Venezuela libre», pero el nacimiento de su hijo cambió su mentalidad, ya que optó por protegerle de un contexto en el que, por ejemplo, tenía dificultades para encontrar vacunas o la leche que necesitaba.
Sobre la situación en la que han quedado sus compatriotas, comenta que ella llegó a España hace meses, pero «ahora es mucho más difícil salir, porque las aerolíneas internacionales han cerrado sus vuelos». Laura subraya con lágrimas en los ojos que vivió «una experiencia bastante fuerte y desagradable», y esto le hizo tomar la decisión de abandonar su tierra.
Según su testimonio, a principios de la década del 2000 se intentó plantear un referéndum revocatorio del entonces presidente de Venezuela y ella fue una de las personas que firmaron para que esto fuera posible, aunque los nombres salieron a la luz «y desde ese momento comencé a ser traidora de la patria» y a tener «derechos restringuidos» por ser opositora.
Ha realizado estudios superiores y abunda en que la presión comenzó impidiendo que las agencias con las que trabajaba accedieran a contratos con el Gobierno (por incluirse en la citada lista). Sin embargo, más tarde trabajó para el propio Ejecutivo y entonces, según manifiesta, trataron de que se afiliara al partido en el poder. Después de esto, renunció al empleo y cambió de actividad profesional.
Las dificultades en el acceso a alimentos que son mostradas casi a diario en los telediarios son las mismas que relata esta mujer venezolana, que apunta que «el Gobierno reparte cajas solo para sus partidarios» y en su casa «teníamos que comprar en el mercado negro, mi familia se va a Colombia». En este sentido, asegura que en el reciente proceso para impulsar la denominada Asamblea Nacional Constituyente «amenazaban a la gente con que si no iba a votar no recibiría su caja de comida».
Laura sostiene que en su país «no existe libertad de expresión ni política», y, entre otras experiencias, destaca que «un día haciendo un cacerolazo (protesta) en el patio de mi casa pasaron las motos pegando tiros». Esta venezolana subraya que su tierra «tiene un potencial muy grande», aunque cree que se está haciendo una «pésima» gestión política. Así, opina que las medidas que se adoptan con las clases sociales más bajas «les hunden más en la pobreza» y relaciona la dificultad para acceder a productos de primera necesidad con la expropiación de empresas y su traspaso a gestores «que no tienen capacidad, por lo que van a la quiebra». En líneas generales, entiende que «la política está corrompida» y que esta situación afecta también a la oposición, y denuncia que «están matando a la generación de relevo».
