El problema no son las 800 viviendas turísticas en Córdoba que han cumplido con sus trámites y se inscribieron en la Delegación de Turismo. Más bien por lo que habría que preocuparse es por las otras 4.000 que existirían totalmente irregulares de cumplirse esa estimación de la Federación Andaluza de Operadores Turísticos Hoteleros, que calcula que solo una de cada cinco viviendas turísticas está registrada.
Ante esta situación, el teniente de alcalde de Urbanismo, Pedro García, preguntado por si las próximas restricciones a viviendas turísticas en dos zonas del centro puede tener un efecto contrario, aumentando el número de negocios ilegales, ha manifestado a este periódico «que no tiene por qué darse ese efecto», recordando que en la lucha contra las viviendas turísticas ilegales «tiene mucho que ver que se hagan inspecciones», dijo sin profundizar en las competencias de las mismas.
Por su parte, Rafael Blázquez, portavoz de Ganemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital, aunque criticó ayer cómo ha comenzado el proceso de modificación del plan rector del casco histórico, también insistió en «tender una mano» al teniente de alcalde de Urbanismo para «dialogar y consensuar una propuesta». De entrada, coincidía ayer con García en que las restricciones provisionales a las viviendas turísticas no acabarán, por ejemplo, con el mercado ilegal, pero «es una parte, es una herramienta más. Por supuesto que hacen falta más medidas, y también exigírselas a otras administraciones», dijo Blázquez.
