Cada año se declaran más alquileres por varias circunstancias. El secretario general de Gestha, José María Mollinedo, explica que desde que Hacienda puede acceder a los consumos energéticos afloran más alquileres sumergidos. A ello contribuyen también las campañas de comprobaciones realizadas. En un futuro habrá más después de que la Agencia Tributaria cuente con los datos de las viviendas turísticas, ya que desde este año «las plataformas están obligadas a facilitar esa información del propietario del inmueble de alquiler». Todo indica que cada vez hay más control para evitar el fraude.
El perfil del arrendador que no declara es el de «una persona mayor que completa su pensión con el alquiler de un inmueble que ya no utiliza» porque es segunda residencia o se ha ido a vivir con sus hijos; o el del que compró otra vivienda para residir y, en vez de vender la antigua, la alquila para ayudar a pagar una hipoteca. «Son personas que no se asesoran por un profesional, por lo que es sencillo descubrirlos, dejan muchas pistas, aunque no haya contrato y cobren en metálico», afirma.
Si Hacienda caza a un infractor, este deberá pagar la cantidad no declarada más los intereses de demora, a lo que se sumará una sanción que oscila entre el 50% y el 150% de lo no abonado. Si no se recurre y se paga dentro del plazo fijado, la multa se queda en el «26,25% de la cuota dejada de ingresar». Además, el alquiler para residencia habitual «tiene el agravante de que la reducción del 60% que tenía no se aplica» y «el beneficio fiscal se pierde».
