Más de 6.300 personas dependientes cordobeses están a la espera de beneficiarse de un servicio o prestación económica reconocida, según datos del Imserso y la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, de donde se extrae que de las 28.498 personas con derecho a prestación solo 22.180 se benefician ya de ella. Entre los que esperan, más de 2.000 son grandes dependientes de grado 3, en torno a 1.500 dependientes severos de grado 2 y 2.837 son dependientes moderados de grado 1. El mes de abril, fecha en la que la Junta de Andalucía puso en marcha «un plan de choque» para agilizar las listas de espera que, según el nuevo gobierno autonómico, había dejado el ejecutivo anterior, se cerró con 7.354 grandes dependientes atendidos, 10.399 dependientes severos y 4.290 moderados.
Dos meses después, a finales de mayo, la cifra de grandes dependientes atendidos apenas se ha movido (7.374), la de dependientes severos ha descendido ligeramente (10.396), mientras la de dependientes moderados se incrementó en 120 personas (4.410). El dato corresponde con la evolución que han registrado los distintos tipos de prestaciones posibles. Así, ya que los nuevos usuarios son fundamentalmente dependientes moderados, solo ha aumentado el número de prestaciones con menor coste económico para el sistema, que son la ayuda a domicilio (323 más) y la teleasistencia o botón rojo (122 más). El resto han caído. A cierre del mes de mayo había en la provincia 40 usuarios menos que un mes antes en atención residencial, 4 menos en centros de día, 68 menos con prestaciones económicas de cuidado en el entorno familiar y 11 menos con prestaciones económicas vinculadas al servicio.
En cuanto a las bajas que se han producido desde que se puso en marcha el plan de choque, dotado con 77 millones de euros, de las 268 bajas registradas en abril, se repusieron 258, mientras en mayo se cubrieron todas las bajas y se incorporaron 137 personas más en toda la provincia.
Según las fuentes consultadas, la Junta ha reactivado en los últimos meses el número de valoraciones que se realizan por semana, aumentando así la carga de trabajo de los valoradores, si bien «continúa el atasco» porque «hay graves carencias de personal administrativo», lo que impide que los PIA (Plan Individual de Atención), necesarios para asignar una prestación, se puedan completar con rapidez. El tiempo de espera desde que se solicita la prestación hasta que se percibe oscila según los casos, si bien la ayuda a domicilio, que gestionan los ayuntamientos, es la más rápida. «El papeleo se prolonga como mínimo seis meses», aseguran, «y hay gente que lleva años esperando a que los llamen».
Por otro lado, fuentes del Foro Andaluz de la Dependencia señalan que «lo único que se está moviendo un poco es la ayuda a domicilio mientras en residencias y centros de día «no se mueve nada desde hace meses». El sector está a la espera de que se aplique el mapa social aprobado el año pasado, que pretendía redistribuir las plazas para ajustar la oferta residencial a la demanda real por zonas, con el fin de que los usuarios no tengan que vivir a kilómetros de sus familiares.
Desde el Foro Andaluz de la Dependencia destacan también la necesidad de actualizar el precio de las plazas concertadas en residencias de mayores, «que no se revisa desde el 2011», algo que según la Junta se está negociando de cara al concierto social en este sector. Según la patronal, «el calendario acordado fijaba que saldría adelante entre finales de junio y julio», mientras la Consejería afirma que no hay fecha prevista aún. De momento, se ha actualizado el precio de la plaza de residencia de discapacidad, aplicando una subida del IPC que el sector considera «insuficiente».
