En los días previos al 1 de octubre, cuando la tensión alcanzó niveles preocupantes, muchos analistas describían la cuestión catalana apelando a la famosa escena de los coches de Rebelde sin causa: dos vehículos lanzados a toda velocidad hacia el abismo hasta ver quién de los dos conductores frena más tarde... sin precipitarse al vacío, claro. El que se pasa pierde. Al final del pseudorreferéndum ninguno se estrelló, o mejor dicho, lo hicieron los dos, pero con la fortuna de quedarse sobre las ruedas.

Así, los acontecimientos posteriores nos dejan ahora otra estampa: los dos coches están aparcados dentro de un callejón sin salida, aunque no confundirse, ¡no en el mismo! Cada uno en el suyo propio. Y allí van a pasar el puente del Pilar, porque salvo sorpresa la siguiente fecha de enjundia en este pulso será el lunes, día en que termina el plazo dado ayer por el Gobierno central para que Carles Puigdemont aclare si alguna autoridad de la Generalitat, incluido él mismo, ha declarado por un casual la independencia de Cataluña últimamente (no se aceptará como válida que Lluís Companys lo hizo en 1934). Según Rajoy es sencillo: ¿Sí o no? El sainete del martes en la Cámara catalana ha deparado estas cosas, que hay que empezar por aclarar lo esencial, lo que viene siendo la madre del cordero.

Dos respuestas... o más

Caso de que la respuesta sea negativa, todos volveremos a la casilla de salida y el bloque independentista tendrá por delante la dura tarea de tener que explicase ante los suyos. Caso de que sea afirmativa o «no haya respuesta», el Ejecutivo, en su requerimiento oficial aprobado ayer, da otro plazo, esta vez hasta el jueves día 19, para que el Gobierno catalán reconduzca la situación y vuelva a la legalidad, al marco constitucional español. Si no es así, parece claro que el Consejo de Ministros del viernes 20 valorará las medidas adoptar. Cabe la posibilidad de que desde Cataluña llegue otro tipo de respuesta. Nada se descarta en un escenario en el que predomina el sí pero no, el no pero sí y nada es lo que parece.

Si el martes Puigdemont declaró pero no la república catalana y ofreció «diálogo», ayer Rajoy contestó activando pero no el artículo 155 de la Carta Magna, ese cuyo alcance final le permitiría intervenir la autonomía catalana, cuya gestión pasaría a manos del Estado, o eso se supone, porque en realidad nadie sabe a ciencia cierta en qué consiste la aplicación de una herramienta que la Constitución pone a disposición del Gobierno central vaso de que alguna autonomía desbarre.

El único precedente lo protagonizó Felipe González, cuando blandió el 155 ante el Ejecutivo canario en 1989 por un asunto fiscal, pero no fue necesario pasar de ese primer paso, el del requerimiento, el mismo que ahora ha activado Rajoy, porque los isleños rectificaron muy rápido.

Oxígeno

Con los últimos movimientos (¿estratégicos?), las dos partes han ganado tiempo, algo que se agradece, aunque solo sea para que todos tomemos un poco de oxígeno. Ahora los dos han hecho rugir sus motores. Ambos han acelerado en vacío; sin meter la marcha pero con la mano en el cambio. «Pides diálogo y te contestan con el 155 sobre la mesa. Entendido», escribió Puigdemont en Twitter anoche. Es evidente que lo que viene a partir de ahora es imprevisible, empezando por el papel de algunos copilotos, sobre todo cuando uno no puede ir solo ni a por el pan.

Rajoy se arrima a Pedro Sánchez al tiempo que se aleja de Albert Rivera, que por su parte va lanzado tratando de adelantarse a todo y a todos por el arcén de la derecha: ¡artículo155 ya! y ¡elecciones inmediatas en Cataluña! para acabar con los «golpistas» (Pablo Iglesias provocó ayer la hilaridad (casi) general en el hemiciclo del Congreso cuando tachó al líder naranja de «operador político» de José María Aznar).

Como prueba de su acercamiento, el presidente del Gobierno y el líder del PSOE ya están de acuerdo en impulsar una reforma de la Carta Magna. «La mejor manera de defender la Constitución es también su reforma», dijo ayer Sánchez, que siempre se podrá apuntar el tanto de haber impulsado una comisión parlamentaria para la modernización del Estado autonómico. Es decir, lo más parecido a que los responsables políticos, los representantes del pueblo, se sienten en una mesa y dialoguen. Este grupo de trabajo arrancará en un par de semanas y del mismo se ausentarán los republicanos de ERC, principales copilotos de Puigdemont en su deriva separatista (en el asiento de atrás todavía se sienta la CUP, a cuyos miembros aún no les alcanza para tener coche propio: diez diputados de un total de 135 en el Parlament).

No todo el mundo se fía de las intenciones de Rajoy sobre una reforma constitucional. Muchos son, el primero el PNV, los que perciben lo cómodo que está el presidente sentado sobre lo que para él son las Tablas de la Ley. Ayer admitió en su comparecencia en el Congreso que está dispuesto a revisar la Carta Magna, que no es «perpetua», pero siguiendo «todos los cauces legales». Después de escuchar al jefe del Gobierno el resumen parece evidente. La ley se cumple sí o sí. Si no gusta, se cambia, pero mientras, se cumple. Y punto. Y para cambiarla, consenso. Y para todo ello se necesita tiempo, mucho tiempo (solo la comisión parlamentaria tiene por delante seis meses de trabajo), demasiado a tenor de las cotas que ha alcanzado el desafío soberanista catalán. Los representantes de todos los grupos se desgañitaron ayer en torno a la palabra «diálogo» dentro y fuera del Congreso, pero ninguno alcanzó a dar con un planteamiento u idea que en la práctica arroje algo de auténtica luz. O por lo menos que mejore aquella propuesta que dejó dicha el humorista gráfico Landrú: «Cuando se encuentre en un callejón sin salida, no sea idiota, salga por donde entró».