Córdoba no es destino preferente de la población inmigrante. Si sumamos a todos los extranjeros que viven en la provincia procedentes de cualquier nacionalidad del mundo, apenas representan un 2,5% de la población. Desde que empezó la crisis, las elevadas tasas de paro han hecho que muchos de los inmigrantes que vinieron en años de bonanza hayan vuelto a sus países de origen o se hayan marchado a otras provincias en busca de mayor actividad económica. Sin embargo, los centros de acogida de inmigrantes que existen en la provincia, dependientes de entidades como Cruz Roja, Córdoba Acoge o APIC, siguen a pleno rendimiento y no siempre es fácil encontrar plazas libres. Solo Cruz Roja atendió en sus centros de estancia diurna de Córdoba, Baena, Palma del Río y Rute en el 2017 a más de 1.300 personas mientras el centro de acogida de Puente Genil recibió a 850 inmigrantes. El balance de la entidad muestra acciones dirigidas a la integración en ocho municipios para casi un millar de personas, el 47% de origen marroquí, y atención a 950 personas en asentamientos situados en 8 localidades. Córdoba Acoge, por su parte, atendió a lo largo del 2017 a más de 600 personas mientras APIC se acercó al millar. Todas las entidades coinciden en que la cifra de inmigrantes que llegan a Córdoba se ha estancado mientras aumenta cada vez más el número de personas, de familias enteras en muchas ocasiones, perseguidas en sus países o que se han visto expulsadss por conflictos bélicos que buscan asilo. Pese a que la motivación de unos y otros es distinta y el estracto socioeconómico de origen también suele serlo, lo cierto es que unos y otros acaban compartiendo destino. El centro de Cruz Roja de Puente Genil es ejemplo de ello. Según los últimos datos, de las 110 plazas ocupadas, 70 lo están por personas demandantes de protección internacional.
Córdoba Acoge empezó el año pasado a gestionar pisos para refugiados, 42 personas en total. Según Lucía Pérez, directora de la entidad, «todos están de momento en las primeras fases de la acogida y siguen siendo muy vulnerables». A diferencia de las personas inmigrantes, los refugiados, que proceden de toda América Latina, Rusia, Ucrania o Siria, entre otros países, suelen tener estudios y un perfil socioeconómico medio alto. La principal queja de las asociaciones es la lentitud de los trámites necesarios para conseguir el estatus de refugiado, que pueden prolongarse más allá de los dos años. «Hay que tener en cuenta que el programa de recepción dura 18 meses, después de lo cual no reciben más ayudas, por lo que muchos se encuentran en la calle sin tener siquiera resuelta esa cuestión». APIC, que también atiende a refugiados inmersos aún en la primera fase de integración, se queja además de las dificultades que encuentran las asociaciones para ofrecer alojamiento a estas personas. «Los primeros meses, cuando es la asociación la que responde, está resuelto, pero para las siguientes fases es muy complicado porque la gente no se fía de que les vayan a poder pagar, y tampoco existen recursos públicos alternativos», señala Raquel Román, directora de la entidad. «nos preocupa qué va a ser de estas personas cuando afronten la segunda fase», en la que se supone que deben empezar a ser más autónomos. Román también ha destacado que muchos inmigrantes están perdiendo la tarjeta de residencia después de llegar a tener la permanente tras quedarse en el paro, pasando a convertirse en indocumentados.
