En agosto del 2015 el Gobierno del Partido Popular puso en marcha la conocida como ley de Segunda Oportunidad, un mencanismo por medio del cual se daba una salida para pequeños empresarios, autónomos y particulares que se han visto abocados a la quiebra y no pueden hacer frente a sus deudas.

La medida que pretendía servir para reflotar pequeñas economías derruidas por causas ajenas al responsable no ha contado, sin embargo, con el respaldo de los principales beneficiarios, que son los autónomos y pequeños empresarios. Los datos en la provincia de Córdoba son evidentes. Durante el año pasado solo 12 personas se acogieron a esta medida, una cifra que no se corresponde con la realidad económica de la provincia. Y lo peor es que, lejos que ser cada vez más utilizada, el interés por esta propuesta se ha estancado, porque el año anterior se registró solo un caso más, según los datos facilitados por el juzgado de lo Mercantil de Córdoba. Su titular, el juez Antonio Fuentes, explica que la mayoría de las personas que se acogen a esta vía son pequeños empresarios que han puesto su patrimonio como aval de la empresa que lideran y que al quebrar ésta tienen que responder con sus bienes patrimoniales. Esta medida es también extensible a las familias.

El motivo de la poca utilización de este recurso, según el juez, puede estar en la lentitud del sistema judicial para resolver los asuntos, por la situación que sufren los órganos judiciales. Pero el motivo fundamental, apunta Antonio Fuentes, es la falta de información sobre ello. Una tercera causa puede estar, según el magistrado, en que hay pocos bufetes de abogados especializados en esta materia, porque, según explican, a veces no compensa asumir un caso que económicamente va a reportar minutas muy cortas.

En esta misma línea incide eldecano del Colegio de Abogados de Córdoba, José Luis Garrido, quien aporta un matiz, como es que esta prestación no está incluida entre las posibilidades que incluye la justicia gratuita. De ese modo, no se puede recurrir a un abogado de oficio para que se haga cargo del asunto. Así, explica Garrido, aunque el coste final de todo el proceso por gastos de abogados no sea demasiado, para personas que están en quiebra no es asumible. José Luis Garrido está convencido de que, «si se incluyera en el turno de oficio, seguro que la acogida sería mucho mayor».

Por su parte, desde CECO, su secretario general, Joaquín Gisbert, señala que, aunque desde las organizaciones empresariales como CECO se vienen haciendo actos de difusión de esta ley, no acaba de tener la acogida que sería deseable. Gisbert cree que los motivos son el desconocimiento por parte de los posibles beneficiarios y la falta de interés por los profesionales del Derecho por las escasas retribuciones que aporta a los despachos.