La legalización de parcelaciones ha dado pasos importantes en los dos últimos años pero se encuentra de nuevo estancada, esta vez en la fase de la valoración de los metros cuadrados de terreno que deben pagar los parcelistas a Urbanismo en concepto del 10% del aprovechamiento urbanístico. En cualquier plan parcial, ese es el porcentaje de suelo que el promotor entrega, pero en las parcelaciones, al estar edificadas, se permite transformar esa aportación en dinero. El problema está en que cuando las parcelaciones llegan a la fase del proyecto de reparcelación no pueden avanzar más hasta que Urbanismo establezca el coste del suelo, proceso en el que está inmersa. Además, es fundamental que exista un acuerdo, ya que el proceso de regularización puede verse interrumpido si los propietarios ven el coste inasumible.

En el 2011, ninguna de las urbanizaciones consideradas regularizables por el PGOU habían conseguido la meta de la legalización. Dos años después, ninguna ha culminado el proceso pero se ha logrado avanzar algo. En marzo de ese año, IU, al frente entonces de Urbanismo, propuso sustituir por garantías personales el aval del 7% necesario para la inscripción de la junta de compensación en el registro de entidades urbanísticas, punto en el que el proceso estaba bloqueado. Tras las elecciones, Urbanismo, dirigida por el PP, empezó a aceptar las garantías de las primeras parcelaciones que optaban por fórmulas distintas al aval. En el 2010, solo había tres juntas de compensación --dos de Barquera Sur y Torreblanca--. Ahora, y según los datos de Urbanismo, hay ya 14 juntas que representan a 2.879 viviendas, que son las que tienen más camino andado. De ellas, 11 han presentado garantías económicas desde que la fórmula se aceptó y 4 están inscritas, por lo que son las más avanzadas --Barquera Norte, Cuevas de Altázar, Alamillo y Encinarejo kilómetro 4--5, que tienen 800 viviendas--.

Barquera Norte y Cuevas de Altázar están inmersas en la valoración del suelo. La primera presentó una propuesta con varias opciones a Urbanismo, que le respondió con otra valoración algo más alta, que la urbanización está dispuesta a aceptar con tal de continuar con la legalización pero que aún debe aprobar el consejo rector de la Gerencia, paso que sigue aguardando. Cuevas de Altázar ha presentado también su valoración, a la que ha contestado Urbanismo con otra mayor que la urbanización ve inasumible, por lo que siguen negociando. Urbanismo anunció en marzo que permitirá aplazar el pago y simultanear urbanización con edificación. Su idea es agilizar la legalización, al igual que desean los grupos municipales, pero está hallando dificultades. Para abrir otras posibilidades, el PP llevó al Pleno una moción encaminada a instar a la Junta a modificar la LOUA, para aplicar un porcentaje menor del 10%, y a fijar criterios para llegar a la valoración "más beneficiosa para el administrado". Además, IU planteó convocar la comisión de parcelaciones para que fije los criterios de valoración y promueva la solicitud a la Junta de rebajar del 10 al 5% la cesión en algunos casos. El PSOE llevó otra enmienda pero fue rechazada.