El hecho de que una ciudad como Córdoba cuente con un juzgado 24 horas no es cuestión baladí. Lo dicen los expertos, que a menudo se enfrentan a situaciones dantescas porque el horario establecido impide dar respuesta a la ciudadanía, quedando la justicia en suspenso. Tampoco se trata de una reivindicación nueva. La junta de jueces inició los trámites para implantarlo hace una década, aunque la Junta decidió aplazarlo por falta de espacio. En la Ciudad de la Justicia se han reservado 500 metros.
Contar con un servicio judicial 24 horas resulta clave en una ciudad como Córdoba no solo por el volumen de asuntos tramitados por ciudadanos cordobeses por la necesidad de dar garantía jurídica al turismo creciente que llega a la ciudad. «Si un extranjero procedente de un país con el que no hay convenio de cooperación internacional sufre un atraco y tramita una denuncia, es necesario que se le tome prueba anticipada para juzgar el caso, de lo contrario, dicha denuncia está condenada al archivo», explica a modo de ejemplo el juez decano, Miguel Ángel Pareja. Actualmente, los juzgados abren de 10 a 20 horas. Todo lo que se salga de ese horario, debe esperar, de modo que ese hipotético turista debería tener suerte de ser atracado temprano para que hubiera tiempo suficiente de realizar las diligencias policiales y la prueba anticipada.
Asimismo, una persona detenida en Córdoba por la tarde y las diligencias policiales no acaban antes de cierta hora, «el detenido debe pasar la noche en el calabozo de la Policía», expone el decano del Colegio de Abogados de Córdoba, José Luis Garrido, «un calabozo que, dicho sea de paso, no cumple las condiciones mínimas». Según explica Garrido, «el detenido en cuestión se ahorraría esa noche en el calabozo si hubiera un juez que el atendiera una vez resueltas las diligencias correspondientes, pero para eso hace falta un juzgado 24 horas».
Para la junta de personal de justicia compuesta por las centrales sindicales CSIF, SPJ-USO, STAJ, UGT y CCOO, «el sistema que opera actualmente está diseñado para la realidad de hace 30 años, una realidad que ha cambiado mientras el sistema sigue siendo el mismo, lo que ha hecho que quede obsoleto». Según Antonio González, «las necesidades de la sociedad actual son distintas y el sistema de guardia existente no les da respuesta». La cuestión económica no es tenida en consideración por el sector, que lo considera una excusa . «El personal sería más o menos el mismo, lo que cambia es el sistema y aunque el coste es superior no es tanto como lo que se ahorraría», señala González. En su opinión, «hemos estado toda la vida con nueve 9 judiciales, lo que tiene un enorme coste económico, no esto».
