Pese a la división de poderes, la grave crisis de Estado que se vive en Cataluña ha conducido a que una parte sustancial del mundo judicial, esto es, el Tribunal Constitucional y la fiscalía, permanezca quieto a la espera de conocer qué respuesta da hoy el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Sin embargo, las causas abiertas prosiguen, y la coincidencia ha hecho que la Audiencia Nacional se pronuncie hoy también sobre los primeros imputados por sedición.

En la Audiencia, la jueza Carmen Lamela tomará de nuevo declaración al mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, la intendente Carmen Laplana y los presidentes de las asociaciones independentistas Asamblea Nacional Catalana (ACN) y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Los cuatro, pero sobre todo Sànchez y Cuixart, se juegan mucho.

Aunque la decisión definitiva no se tomará hasta escucharles y, según fuentes jurídicas, tanto desde el PP como el PSOE se lanzan mensajes para que no se opte por una medida excesiva, la fiscalía se inclina por pedir prisión para ambos, ya que la sedición se castiga con hasta 15 años de cárcel (más que la integración en organización terrorista). Entiende que existe reiteración delictiva, dado el ascendente demostrado en las movilizaciones ciudadanas, y el cambio de sede que realizaron en plena operación Anubis que podría haber supuesto destrucción de pruebas. Con estos mimbres el ministerio público puede justificar sobradamente esa medida cautelar.

Pero, además, del sí o el no del president dependerá que se acentúe la «asfixia judicial» prevista en la hoja de ruta independentista intervenida al secretario general de la vicepresidencia económica de Cataluña, Josep Maria Jové.

Tanto la fiscalía como el Tribunal Constitucional siguen atentos los acontecimientos, por si deben entrar en escena de nuevo. El alto tribunal se adelantó a los acontecimientos y anuló cualquier «vía de hecho» en pos de la independencia, pero deberá reaccionar ante nuevas impugnaciones que la Abogacía del Estado o cualquier partido pueda presentar al respecto.

Si la respuesta de Puigdemont es afirmativa, la fiscalía se querellará de nuevo contra él. Las fuentes consultadas dan por consumada la sedición y consideran que existiría una rebelión «de libro», si hubiera declarado la independencia. El artículo 472 del Código Penal castiga a los que «se alzaren violenta y públicamente» para derogar, suspender o modificar la Constitución; destituir al Rey, o declarar la independencia de una parte del territorio nacional. Cualquiera de estas tres vías parecen atribuibles a una declaración de una república catalana.

El requisito de violencia necesario para este delito se entendería ya cumplido con la «coactiva» vivida el 20 de septiembre en las concentraciones que obstaculizaron la labor de la comisión judicial enviada por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona a realizar 14 arrestos y más de 40 registros. Lo que pasó entonces, capitaneado por la ANC y Òmnium, forma parte de un plan preconcebido encaminado a lograr la independencia, según el último informe de la Guardia Civil aportado en la Audiencia Nacional.

Tribunal competente

El fiscal general del Estado se ha reunido con los 10 fiscales de Sala de lo Penal del Tribunal Supremo para determinar dónde presentar la querella. La rebelión, penada con hasta 25 años de prisión, podría corresponder a la Audiencia Nacional, si Puigdemont perdiera el fuero de suspenderse el Govern al aplicarse el artículo 155. No obstante, Artur Mas fue juzgado por el tribunal superior catalán por el 9-N, pese a haber dejado de ser ya presidente.

Siguiendo ese criterio, la nueva iniciativa fiscal se interpondría ante el TSJC, donde ya se investiga al president por desobediencia, prevaricación y malversación por haber convocado el referéndum ilegal. Pero los expertos no ven descabellado hacerlo ante el Supremo.