La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía acumula en este momento unas 5.500 solicitudes de Renta Mínima de Inserción pendientes de resolución solo en la provincia de Córdoba, de las más de 41.000 que están en la misma situación en toda Andalucía, según informó ayer la propia Junta. Se trata de una medida puesta en marcha en enero del 2018 como un «nuevo derecho subjetivo» que pretendía paliar la situación de necesidad de casi 6.000 familias de la provincia.

El Ayuntamiento de Córdoba informó ayer de que solo en la capital se han recepcionado hasta el momento 4.361 solicitudes, aunque el concejal de Asuntos Sociales no pudo precisar cuántas han sido aprobadas hasta la fecha. Según la Asociación de Barrios Ignorados, hasta la fecha solo se han abonado el 10% de las ayudas solicitadas en Córdoba, unas 400 de las más de 4.000 tramitadas, las primeras de las cuales llegaron después de diez meses de espera. Cabe recordar que las ayudas pueden solicitarse a través del Ayuntamiento o en los registros de entrada de la Junta de Andalucía. En los primeros cinco meses del año, según informó en su día el área de Servicios Sociales municipal, que también se quejó de la sobrecarga de trabajo que suponía la tramitación por la falta de personal existente, la ayuda llegó solo a cien familias de las miles de solicitudes registradas.

El problema en muchos de los casos, según respondió entonces la Junta era que no se cumplían los requisitos exigidos, aunque los afectados insisten en que el problema es que los trabajadores sociales de la Junta encargados de la tramitación no fueron formados o informados correctamente de la documentación que debía exigirse y que había muchos casos que suponían lagunas.

Ante la situación de colapso, la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, al frente de la cual se encuentra ahora la consejera Rocío Ruiz (Ciudadanos), anunció ayer que impulsará «nuevas medidas para agilizar la concesión de la Renta Mínima de Inserción», entre las que señaló su intención de reforzar el personal destinado necesario para la atención en los Servicios Sociales Comunitarios, así como en las delegaciones provinciales de la Consejería. También informó de que «se mejorará la gestión informática de esta prestación, que se ha revelado ineficiente hasta el momento» y que, finalmente, «se va a agilizar la elaboración de los planes de inclusión sociolaboral que deben acompañar a la concesión de esta renta». Según uno de los portavoces de la asociación de barrios ignorados de Córdoba, hasta el momento «no se ha puesto en marcha los planes sociolaborales que la norma preveía» y que debían ser una condición para percibir la ayuda.

La consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, ha indicado que la situación que atraviesa el trámite de solicitud de la Renta Mínima de Inserción «es un problema heredado de la legislatura anterior fruto de la imprevisión, precipitación e ineficacia del anterior Gobierno». En su opinión, aunque el Decreto era de obligado cumplimiento, «no se proporcionaron los recursos ni el personal necesario para hacerlo efectivo» y ha subrayado que «no es admisible que haya personas que llevan hasta diez meses esperando una resolución cuando se encuentran en situación de vulnerabilidad y extrema necesidad».

La consejera ha destacado que se va a poner en marcha el citado plan para dar celeridad al abono de estas ayudas, que estaban presupuestadas en 198 millones de euros para el 2018, «aunque solo se abonaron 56,9 millones y quedaron sin ejecutar otros 131 millones de euros, lo que supone un 70% del presupuesto previsto».

Después de casi veinte años de gestión del antiguo salario social y ante la situación de pobreza de una parte importante de la población, la Junta de Andalucía puso en marcha la nueva renta mínima de inserción, que preveía entre otras cosas, que la administración debía resolver en un plazo máximo de dos meses, dada la especial situación de vulnerabilidad de las familias a las que iba destinada esta renta.

Los solicitantes se quejan de la complejidad de los requisitos que se exigen a personas que suelen tener un perfil bajo en formación, y que para obtener la documentación necesaria se les obliga a recurrir a varias administraciones, algo que se podría resolver con un sistema de ventanilla única.

Entre los requisitos exigidos para acceder a esta ayuda, figura que el solicitante no haya percibido en un plazo de doce meses previos el antiguo salario social, que la unidad familiar no supere unos ingresos máximos fijados, certificado de que todos los miembros de la unidad familiar. En el caso de ser víctimas de violencia de género, la solicitud se complica aún más, ya que las mujeres deben demostrar su condición con numerosos certificados o informes de distintos estamentos.