La delegada del Gobierno, Rafi Crespín, mostró ayer su satisfacción por el regreso desde el lunes a las 35 horas de trabajo semanales para el personal de la Administración autónomica, «en respuesta del compromiso que adquirimos con más de 26.700 empleados públicos de la Junta en Córdoba a mediados del año pasado para devolver los derechos y las tribuciones eliminadas por el Gobierno de Rajoy».
Crespín se mostró convencida de que la implantación de esta medida «va a contribuir a crear progresivamente nuevo empleo público, para garantizar de este modo el correcto desarrollo de los servicios públicos» y mostró su deseo de que «el Gobierno central decida no recurrir esta medida de la Junta, como ya hizo cuando el Gobierno de Castilla-La Mancha volvió a las 35 horas». «Esperamos que el PP sea razonable y devuelva los derechos perdidos a los empleados públicos», añadió Crespín.
Por su parte, la presidenta del CSIF en Córdoba, Lola Navajas, recordó que su sindicato fue «uno de los impulsores de este acuerdo, que espero se aplique de forma pacífica en los centros públicos de la Junta». Navajas manifestó que «el Gobierno central debe ser consciente de que no sería razonable plantear un recurso de inconstitucionalidad a la medida de la Junta, ya que supondría que los empleados públicos seguirían perdiendo derechos, lo que afectaría a la calidad de los servicios públicos. Desde aquí hacemos un llamamiento a todos los partidos políticos para que apoyen el regreso a las 35 horas y al fomento de nuevo empleo público».
