El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, acusó ayer al anterior Gobierno socialista de haber «ocultado» a 34.000 andaluces en las listas de espera de atención a la dependencia que se suman al más de medio millón de personas en las listas de espera de la sanidad pública denunciada semanas atrás por el nuevo Ejecutivo de coalición de PP y Ciudadanos. Bendodo inició la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno dando cuenta de un informe de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación sobre el «colapso» de la atención a la dependencia en Andalucía, que refleja que hay más de 212.000 personas atendidas y más de 109.000 «pendientes de ser atendidas» por el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), lo que supone «34.000 más de los reconocidos por el gobierno socialista», informa Europa Press.

El titular de la Presidencia aseguró que la Junta tiene la obligación de «denunciar» este «nuevo engaño» del anterior Gobierno del PSOE, aunque su prioridad será «corregirlo» con la puesta en marcha de un plan de choque valorado en 77 millones de euros. «Tenemos la obligación de contar todo lo que nos hemos encontrado al llegar al Gobierno andaluz y esta es la situación que hemos recibido», añadió Bendodo, que detacó que estas 34.000 personas «ocultas» en las listas de espera de dependencia se han registrado «pese a que el anterior Ejecutivo creó una Agencia específica para la dependencia con un plantilla de 2.000 personas». En su opinión, este «gran fraude social oculto» por el anterior Gobierno socialista en Andalucía esconde «verdaderos dramas humanos y situaciones de emergencia de familias que esperaban una respuesta de la Junta y sólo encontraron un engaño masivo».

Por su parte, la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, quien comenzó su intervención en la rueda de prensa recordando a la mujer agredida por su pareja en Bollullos Par del Condado (Huelva) y que continúa muy grave en el Hospital Virgen del Rocío, señaló que la situación de estas listas «ha conmovido a todo el consejo» y aseguró que «es vergonzoso» saber que hay tantas personas aún en esta situación. Así, incidió en el «colapso» de las listas de espera en dependencia «por una incumplimiento total y absoluto por parte de la Ley de Dependencia desde hace 12 años, incumpliéndose el plazo de seis meses», al tiempo que lamentaba que ha existido «una dejación de funciones», pero sobre todo, «una falta de humanidad que da vergüenza». Igualmente, subrayó que el informe presentado ayer en el Consejo de Gobierno «ha sido bastante difícil de conseguir porque no ha habido transparencia» debido a la «opacidad» del anterior gobierno, «una falta de transparencia que hace que haya dos listas de espera, la que aparece en la web de la consejería y la que no aparece, personas que existen y no aparecen».

Así, Ruiz indicó que existen un total de 75.097 personas con grado de dependencia reconocido, pero pendientes de que se les realice el PIA, para poder disfrutar de algún recurso del catálogo de la Ley de Dependencia. De este modo, añadió que en el caso del grado III, grandes dependientes, «hay 8.196 personas esperando en su casa, de las que 313 son menores», mientras que valorados con el grado II, dependencia severa, «hay 17.229 personas esperando» y con el grado I, «esperan 49.672».

Además, señaló que este informe ha concluido que «34.373 andaluces que no están contabilizados en las estadísticas oficiales publicadas mensualmente». Son personas que han presentado su solicitud, pero están pendientes de ser valoradas para determinar su grado de dependencia. Igualmente, Rocío Ruiz puso en valor el plan de choque previsto con una inversión de 77 millones, de los que subraya que «la mayor parte irá para ayuda directa para prestaciones de los usuarios». Este plan de choque tiene como objetivo simplificar los trámites, agilizar la lista de espera y garantizar el cumplimiento de los plazos de concesión de las prestaciones. Se prevé aunar en un único procedimiento los trámites para el reconocimiento de la situación y para la concesión de las ayudas, que actualmente se gestionaban por separado y por fases. Entre la batería de medidas que se llevarán a cabo están potenciar la digitalización para avanzar hacia el procedimiento electrónico; facilitar la interoperabilidad con otros sistemas relacionados con la dependencia; revisar los criterios de gestión y mejorar la coordinación entre el sistema social y sanitario. Con respecto a la digitalización en el ámbito de la dependencia, una de las medidas destacadas será la implantación de un Sistema de Información Integral de Gestión de la Dependencia que permita agilizar el procedimiento.