Unas 5.823 unidades familiares, lo que equivale a alrededor de 15.500 personas, podrían cumplir en Córdoba los requisitos que establece la nueva renta mínima de inserción social, una prestación con carácter de «derecho subjetivo» puesta en marcha por la Junta de Andalucía a principios del mes de enero y que viene a dar respuesta a una antigua demanda sindical, pero que incorpora algunas novedades respecto al actual Ingreso Mínimo de Solidaridad. La delegada del Gobierno de la Junta, Esther Ruiz; la secretaria general de Servicios Sociales, Purificación Gálvez, y la delegada de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Mª Ángeles Luna, inauguraron ayer los cursos en los que se formará al personal de Servicios Sociales y del Servicio Andaluz de Empleo para la tramitación de estas ayudas.

A diferencia de otras ayudas como el salario mínimo de solidaridad, a la hora de calcular los ingresos que perciben las familias de cara a establecer el derecho, en este caso no se computarán ingresos tales «como las ayudas para vivienda habitual, la pensión de orfandad, la pensión de alimentos por hijo, prestaciones derivadas de la ley de dependencia, becas escolares o ingresos por cursos de formación, entre otros». Asimismo, el decreto ley establece ciertas excepciones entre los requisitos basados en la urgencia social o emergencia social. También pone el acento en el apoyo a las familias monoparentales y en las víctimas de violencia de género. Según la secretaria de Servicios Sociales, Purificación Gálvez, esta renta mínima abarca un número de personas más amplio. «Los nuevos colectivos incluidos respecto del actual Ingreso Mínimo de Solidaridad son las personas inmigrantes y los mayores de 65 años que tengan menores a su cargo, así como las personas con edades comprendidas entre 16 y 24 años si se dan ciertas circunstancias excepcionales».

«Hoy es un día importante para el Gobierno andaluz por lo que supone de avance en la igualdad de oportunidades», aseguró Esther Ruiz en alusión a esta nueva prestación, que «viene a paliar los efectos de la crisis y de la reforma laboral», recalcó. A diferencia de otras ayudas, la renta mínima de inserción social «nace como un derecho con carácter subjetivo», por lo que no está sujeta a disponibilidad presupuestaria sino que «todas las personas que cumplan con los requisitos deberán percibirla». De momento, para el periodo 2018-2012, la Junta prevé que puedan solicitarla unas 45.000 unidades familiares al año en toda Andalucía, por lo que ha previsto destinar 819 millones de euros. Para el 2018, se han reservado 198 millones.

La secretaria general de Servicios Sociales explicó que la renta mínima de inserción social se ha incorporado «como prestación garantizada en el Catálogo de la Ley de Servicios Sociales de Andalucía». Las ayudas tendrán una cuantía de entre 419.52 euros y 779.87 euros en función de las circunstancias y los ingresos de los solicitantes. La percepción de esta ayuda «tiene como fin último el empleo y dignificar a las personas, por lo que huye de ser una limosna para las familias» y además está asociada a un plan de inserción sociolaboral personalizado que deberán elaborar los Servicios Sociales y el SAE y consensuarlo con los afectados.

Según Gálvez, el Gobierno andaluz pretende así «potenciar la cultura del esfuerzo» sin dejar de estar «cerca de los más débiles». Gálvez subrayó que «mientras el antiguo salario social podía percibirse durante un periodo de seis meses, la renta mínima de inserción contempla un plazo de doce meses prorrogables a partir del 2019 por periodos de otros seis meses si la situación de necesidad persiste. Para la Junta, «este derecho subjetivo aporta instrumentos para agilizar y reconocer las nuevas realidades sociales y establece mecanismos de discriminación positiva para víctimas de violencia de género, personas con discapacidad o menores a su cargo». Pese a todo, según Gálvez, «el hecho de que Andalucía haya respondido a esta situación de vulnerabilidad no implica que no sigamos exigiendo al Gobierno central que dé respuesta para velar por la cohesión territorial y social con un sistema de garantías mínimas de ingresos independientemente de dónde viva cada uno, ya que actualmente existen 17 sistemas».