Que el agresor de un profesional sanitario sea condenado a cárcel y que este hecho sea considerado delito de atentado contra funcionario público hoy ya no es tan excepcional. Sin embargo, hace unos años esto era una utopía, a pesar de que desde los colectivos profesionales y sindicales se demandaba como necesidad para frenar el número creciente de estos casos. La Fiscalía de Córdoba fue pionera en el 2006 en considerar las acciones violentas contra sanitarios como delito de atentado contra funcionario público. En febrero del 2004 se dictó en Córdoba la primera sentencia en España, en la que se consideraba delito la agresión a un médico. Paralelamente al mayor respaldo judicial, la Junta puso en marcha en el 2005 el plan de prevención y atención de agresiones para profesionales del sistema sanitario público, para apoyar a los profesionales víctimas de una agresión física o verbal y ayudarles a prevenirlas. Las víctimas cuentan con apoyo psicológico y asesoramiento jurídico por parte del Servicio Andaluz de Salud. Sindicatos y Colegio de Médicos dispensan a su vez ayuda legal y psicológica a las víctimas de agresiones, existiendo en el colegio el Plan de Atención Integral al Médico Enfermo (Paime).

Los servicios jurídicos del SAS consiguieron entre enero y septiembre del 2012 un total de 194 sentencias condenatorias en Andalucía por agresiones sufridas por profesionales sanitarios, aunque la Junta recalca que la comunidad no presenta niveles elevados de este tipo de actos violentos, a pesar de prestar cada año más de cien millones de actuaciones (consultas, ingresos, visitas o traslados). Según Salud, de todas esas sentencias, 16 condenas fueron por delito de atentado y el resto fueron delito de amenazas, falta de lesiones, entre otros. La pena máxima impuesta fueron dos años de cárcel. En total, los servicios jurídicos efectuaron 151 asistencias letradas, una cifra que crece progresivamente. En el caso de Córdoba, durante el pasado año se realizaron 21 asistencias jurídicas a víctimas, con 17 condenas, mientras que en el 2011 fueron 20 asesoramientos y 11 condenas, siendo una por delito de atentado, precisó la Delegación de Salud.

Además, dentro del plan de prevención y atención a las agresiones para los profesionales de la sanidad pública andaluza, se incluyen medidas de seguridad como el botón antipánico, una aplicación informática instalada en el propio ordenador de consulta, que permite al profesional emitir una señal al ordenador de los compañeros del centro para alertar de una situación de riesgo. En Córdoba, Salud ha dotado a los centros de 395 timbres antipánico, 14 botones antipánico, 331 teléfonos, 30 salidas alternativas, 185 videocámaras, 55 GPS en las ambulancias, 28 vigilantes de seguridad y otras 44 medidas más.