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ASAMBLEA ANUAL DE LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE OPERADORES TURÍSTICOS

Los hoteleros denuncian que el 80% de las viviendas turísticas son ilegales

Exigen que intensifiquen la actividad inspectora y se multe a las plataformas que los publicitan. Aseguran que en dos años solo se han inscrito un 20% y que la oferta de estos alojamientos crece

 

El delegado de Cultura, Francisco Alcalde, con los representantes de hostelería de las ocho provincias andaluzas. - A. J. GONZÁLEZ

Araceli R. Arjona Araceli R. Arjona
13/07/2018

La Federación Andaluza de Operadores Turísticos Hoteleros celebró ayer en Córdoba su asamblea anual, que sirvió a su presidente, Manuel Otero, para hacer público el malestar creciente del sector por la competencia desleal de las viviendas turísticas que operan de forma ilegal. Según Otero, desde que se implantó hace dos años el decreto que regula la actividad de las viviendas con fines turísticos en Andalucía solo se han inscrito el 20% de los que están funcionando en la práctica, lo que deja un 80% de viviendas al margen de la legalidad. En este sentido, recalcó que «el número de camas legales se acercan cada vez más al que hay de camas ilegales, algo que no podemos permitir y que entendemos que no se puede ver como normal».

El presidente de los hoteleros andaluces, acompañado por el presidente de Hostetur, Fran de la Torre, y el delegado de Turismo de la Junta de Andalucía, Francisco Alcalde, dijo que los hoteles «no están luchando contra un tipo de alojamiento sino contra los que actúan de forma ilegal». Según Otero, «la Junta de Andalucía sacó adelante con nuestro apoyo un decreto muy light hace dos años con el que se pretendía dar facilidades para que se inscribieran todos los que estaban alquilando viviendas turísticas, pero no ha funcionado».

Tanto Otero como De la Torre se preguntaron qué pasaría si en Córdoba hubiera cincuenta farmacias vendiendo medicamentos sin estar dadas de alta como tal o cientos de bares sin inspecciones de sanidad. «No se vería normal», coincidieron, antes de cuestionar cómo es posible que esta situación se esté dando «de forma visible a todo el mundo a través de internet» sin que las administraciones tomen medidas. Para ello, proponen que se multe a las plataformas web que dan cabida en sus anuncios a pisos que no están dados de alta y que para poder publicitarse exijan el número de registro.

Asimismo, el sector hotelero reclamó a todas las administraciones que intensifiquen las inspecciones, no solo en el ámbito turístico, comprobando quién está dado de alta y quién no, sino en todo lo que concierne a la actividad. «Está empezando a ser normal que cualquiera diga que alguila su casa sin ningún papel y que se saca un sueldo con ello, pero hay que inspeccionar los empleos precarios que están detrás de esto, el empleo sumergido que conlleva, los impuestos que no se están pagando a Hacienda y las inspecciones de todo tipo, desde ascensores, de sanidad, de seguridad que debemos cumplir los hosteleros y que no se están controlando en estos casos». En cuanto a la seguridad, critican que en esas viviendas se pueda alojar a personas que no están controladas por la policía, como ocurre en los hoteles y en los establecimientos regulados y también los problemas de vecindario que generan y que «están demonizando a los turistas».

En cuanto a las cifras, la patronal hostelera ofreció cifras del mes de enero, que señalan que en Córdoba había 541 viviendas turísticas dadas de alta, de las 28.012 que existían a esa fecha en Andalucía y que se traducen en 2.742 camas. Esto representa un 87,8% más establecimientos y un 82,9% más camas que hace un año en Córdoba.

Según los datos de la Delegación de Turismo en Córdoba, ya se han inscrito en la provincia 807 viviendas turísticas, un 49% más de las que había en solo un semestre, de las cuales 96 han sido canceladas hasta ahora, ya sea por el cese voluntario de la actividad o por incumplimientos detectados en las inspecciones realizadas. Las mismas fuentes no han facilitado el dato del número de inspecciones realizadas hasta el momento en esas 807 viviendas turísticas. Cabe recordar que la inscripción en el registro autoriza automáticamente, sin inspección previa, la actividad y que la Junta debería inspeccionar uno a uno estos alojamientos para comprobar que cumplen las exigencias establecidas y actuar en consecuencia en caso contrario. Sobre el número de alojamientos ilegales no existen datos oficiales, aunque Otero indicó que si actualmente hay 800 inscritos, calculan que hay más de 3.000, el 80%, que operan de forma ilegal solo en la provincia.

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2 Comentarios
02

Por otras posibilidades 9:52 - 13.07.2018

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La tasa turística, que se practica en las principales ciudades mundiales, es una mínima participación de los visitantes por lo que el Ayuntamiento (la ciudadanía global) hace por mejorar a su ciudad. La tasa no es un dinero que corresponde a los hoteleros. Estos son intermediarios entre los visitantes alojados y el Ayuntamiento. Negarse a que esto es posible, sería como si los comerciantes se opusieran a que IVA sea cobrado. La diferencia es que en vez del Estado (Gobierno central) es para aliviar las arcas municipales. A los hoteleros de ser también solidarios con la ciudadanía, incluso poner precios adecuados (como en todas las ciudades y que su no aplicación ha provocado que los turistas elijan más barato con los pisos) y que en el fondo, no quedarse con el poco dinero que supone una tasa turística, que ellos manejan para sus propios beneficios. Porque la tasa turística es normal en la participación de los visitantes en la mejora de la ciudad. Ni es un lujo ni tampoco un robo, sino un principio económico necesario de aplicar.

01

Por otras posibilidades 9:43 - 13.07.2018

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Totalmente de acuerdo que haya controles para que los pisos "turísticos" paguen las tasas y los impuestos correspondientes, pues hay comercio, ganancias y competencia con los hoteles y otras residencias. Sin embargo, donde los hoteleros se pasan es que se opongan a aque el Ayuntamiento ponga una tasa turística (con un pago casi simbólico), que permitiría a las arcas públicas de no invertir parte de sus presupuestos a mejorar la ciudad y que los turistas se benefician todos los días y desde hace decenas de años. Ellos piden inversiones, pero se niegan a participar en mejorar la ciudad.