El camino de la reforma del plan rector de casco histórico, tan amplio y complejo que ya de por sí es complicado, comienza además con una división más que notable en el seno del consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU). Incluso el socio en el gobierno local, el grupo municipal de la alcaldesa del PSOE, si bien apoyó la propuesta de Pedro García no parece mostrar su mismo entusiasmo y, de entrada, se negó a que se implantaran medidas cautelares como la de no otorgar permisos para cambios de uso de residencial a terciario, lo que paralizarían los registros de apartamentos y viviendas turísticas.

Al respecto, Emilio Aumente recordaba la complejidad del proceso y la necesidad de comenzar pidiendo primero informes jurídicos sobre limitaciones, normativas... «Yo quisiera conocer primero datos claves, como el número de viviendas y apartamentos turísticos y hoteles», decía ayer el tercer teniente de alcalde, Emilio Aumente.

Por su parte, Salvador Fuentes dio cuenta de las tres grandes reticencias que tiene el PP para no apoyar el inicio de la reforma del Pepch. Dos de ellas afectan a la seguridad jurídica: una porque puede ser necesario el visto bueno de la Junta para iniciar esta reforma (si se considera una modificación estructural del Pepch , que afectaría al propio PGOU) y por las consecuencias que tendría para las licencias y permisos ya en trámites, que podrían ser objeto de fuertes indemnizaciones si después se les niega y ocasionar un enorme quebranto al Ayuntamiento al final. El tercer reparo se basa en un supuesto incumplimiento de la LOUA, que pide para iniciar este tipo de procesos el pronunciamiento de otras administraciones (especialmente la Junta) y de los órganos participación ciudadana.

En términos semejantes se manifestó el consejero de la GMU y concejal de Ciudadanos, David Dorado, partidario de «proteger el casco histórico» y de preservarlo de fenómenos como «el turismo de borracheras, pero «no de esa forma», pidiendo medidas cautelares o creando «inseguridad jurídica», Así, modificar el Pepch en estos momentos, y más con medidas cautelares, «no sirve para nada, salvo para crear desempleo».

Por su lado, Rafael Bláquez, de Ganemos Córdoba, justificó su abstención porque el proceso nace sin tener en cuenta ninguna medida cautelar (Ganemos pedía que hoy mismo comenzara una moratoria de un año para el cambio de uso residencial de viviendas en todo el centro), la necesidad de innovar también el PGOU y el que se haya impulsado sin diálogo.