Un nuevo atestado de la Guardia Civil, aportado ayer mismo en el procedimiento abierto por sedición en la Audiencia Nacional, puede hacer que la causa en la que está imputado el mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, se amplíe a la actuación de este cuerpo el 1-O. Hasta el momento se limitaba a las protestas de los días 20 y 21 de septiembre, por lo que para evitar indefensiones o nulidades el ministerio público solicitó a la jueza Carmen Lamela la suspensión de las declaraciones previstas ayer. La magistrada volverá a citar a los cuatro cuando la documentación esté digitalizada y haya podido ser estudiada por las partes. No se calcula que haya otra vez citaciones antes del 16.

Fuentes fiscales han apuntado a que será tras esas nuevas declaraciones cuando adopte una decisión sobre la necesidad de imponerles medidas cautelares con mayores indicios de imputación contra ellos. En un comunicado difundido por el ministerio público se añade que en caso de que cuando vuelvan a ser citados no comparezcan «sin causa justificada serán conducidos por la fuerza pública al juzgado». El nuevo atestado no solo amplía los datos relativos a las protestas contra los arrestos y registros ordenados por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, sino que se refiere también a hechos «precedentes y posteriores», incluso, relacionados con el 1-O, en los que habrían participado las mismas personas citadas en la Audiencia. Se trata de Trapero, la intendente Teresa Laplana y los presidentes de ANC y Òmnium.

Pese a la petición de suspensión realizada por la fiscalía, Trapero quiso declarar ante la magistrada para negar las conclusiones del atestado de la Guardia Civil que le atribuía haber requerido hasta en seis ocasiones la intervención de los mossos. Los Mossos han afirmado en un comunicado que «no fueron avisados con suficiente antelación para poder planificar el dispositivo» realizado por la Guardia Civil el 20 de septiembre, del que se enteraron por los medios de comunicación, y ello obligó a adaptarlo en función de las circunstancias.

El mayor confía en que se tomarán medidas adecuadas para evitar lo ocurrido entonces y se reafirmó en que ni ha cometido ni colaborado con un delito de sedición ni con ningún otro.

La que no declaró fue la intendente Teresa Laplana, debido a su estado de salud, pese a que se había previsto una videoconferencia para evitarle el desplazamiento a Madrid. El presidente de Òmnium Cultura, Jordi Cuixart, se negó a contestar a las preguntas. El de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, sólo quiso contestar a su abogado y básicamente no reconocía la competencia del tribunal al no cometer ningún delito.

El mayor Trapero abandonó el tribunal entre abucheos de ciudadanos y los aplausos de los diputados de PDECat, ERC, Podemos, PNV y Bildu.