A lo largo del 2017, AVRA envió a inquilinos de su parque de viviendas notificaciones con las que les reclamaba un millón de euros de deudas antiguas. Según la información facilitada por la Junta, como resultado de esos requerimientos, «algunos inquilinos saldaron parte de sus débitos» y 153 familias firmaron los compromisos de abono de deudas con aplazamiento de pago, acogiéndose al programa de determinación temporal de rentas. Un año antes fueron 234 las familias que rubricaron el acuerdo.
Fomento y Vivienda explica que las condiciones para liquidar las deudas «se fijan de manera consensuada», en «función de la situación de las familias que asumen el compromiso de pago», de forma que «la cuantía se minora temporalmente, mientras esa situación coyuntural prevalezca, con lo que se consigue evitar que ninguna familia que no pueda pagar su renta y lo acredite tenga que abandonar la vivienda que tiene adjudicada».
Cuando los inquilinos se niegan a reconocer su deuda o no hay causa que la justifique, AVRA opta por la vía judicial, abriendo expedientes monitorios de reclamación de débitos. Según los datos de Fomento y Vivienda, a lo largo del 2017 inició 21 expedientes para reclamar por la vía judicial el abono de los atrasos, un 34% menos que un año antes (32).
La Junta explica que AVRA asume gastos asociados a las viviendas como seguros e impuestos e, incluso, tasas como basura o alcantarillado. En el caso del IBI, solicita a los ayuntamientos la bonificación para las familias con escaso nivel económico, lograda en Benamejí, Montoro y La Carlota.
