Un total de 2.019 de los 30.000 fraudes eléctricos detectados el año pasado en Andalucía se dieron en Córdoba, una media de 5,5 diarios. Endesa cifra en 26 millones de kilovatios hora la cantidad de energía defraudada, equivalente al consumo de una semana en la ciudad de Córdoba. Según fuentes de la compañía, Córdoba no está entre las provincias con unos niveles más altos de fraude. Aunque Sevilla está a la cabeza, ya que aglutina a un volumen de población mayor, entre las provincias con población más parecida a la de Córdoba destacan por el fraude detectado Granada y Almería. El número de fraudes es sensiblemente menor que hace dos años, cuando se produjo un aumento de casi un 80% en el número de casos hasta alcanzar los 2.883 fraudes, si bien la cantidad defraudada es superior en 7 millones de kilowatios.

ENGANCHES ILEGALES // Según los datos facilitados, cuatro de cada diez casos de fraude corresponden a enganches ilegales a la red de usuarios sin contrato y el resto a dobles acometidas, manipulación de los equipos de medida y otro tipo de fraudes. Pese a que el volumen de casos correspondientes a particulares defraudadores es mucho mayor, en conjunto, como ocurre en el resto de Andalucía, quienes más burlan la ley a la hora de pagar la factura de la luz son grandes compañías, empresas de servicios y negocios que presentan un consumo elevado, y no los pequeños consumidores que se atreven a engancharse por falta de recursos. Una de cada cinco inspecciones realizadas por la compañía el año pasado detectó un fraude.

Fuentes de Endesa han explicado que en los últimos años han proliferado también las plantaciones de marihuana alumbradas a partir de enganches de luz ilegales y se concentran en determinadas zonas de la provincia. En estos casos, la alarma salta cuando se repiten cortes o microcortes causados porque la red se satura. «Si una red soporta diez y empieza a soportar cien, llega un momento en que salta», explican. «En esos casos Endesa se persona en el sitio y comprueba si el consumo es desmesurado». Cuando la situación se da en áreas conflictivas o si hay sospecha de que existe una plantación de marihuana, comunica la incidencia a la Guardia Civil o Policía Nacional, que acompaña a los técnicos, encargados de documentar con fotos y pruebas todo lo que encuentren. «Detrás del 90% de los microcortes de ese tipo hay una plantación ilegal». En lo que va de 2018, se han realizado en Córdoba 30 inspecciones a requerimiento de las fuerzas del orden en toda la provincia y aproximadamente un 25% corresponden a casos de marihuana. En cuanto a zonas, aunque últimamente se han centrado en la zona de El Higuerón, «no se puede decir que el fraude esté acotado o que haya zonas donde haya una especial proliferación del fraude, ya que «el fraude está disperso por todas las zonas geográficas y capas de la sociedad».

Un dato llamativo es que, según las mismas fuentes, «lo que detectamos últimamente no son pequeñas plantaciones sino grandes espacios controlados por mafias», señalan desde Endesa. Una plantación de estas características consume «como diez viviendas», de ahí que la red no responda.

En Córdoba, las inspecciones contra el fraude en el 2018 han provocado la apertura de 500 expedientes referidos a enganches directos sin contrato y a manipulaciones de la instalación o del equipo de medida. Endesa señala que las nuevas tecnologías como videoscopios y trazadores, con los que es posible inspeccionar instalaciones subterráneas, empotradas en las paredes o invisibles a simple vista, están sirviendo para combatir el fraude.

Según fuentes de la Guardia Civil, encargada de actuar en el control del fraude eléctrico en toda la provincia salvo Córdoba capital, Lucena y Cabra, donde interviene la Policía Nacional, cuando las plantaciones de cannabis están destinadas al tráfico ilícito «el modelo de plantación más usado es el indoor, en cultivo intensivo», que suelen instalarse en naves industriales y en domicilios amplios. En esas plantaciones, señalan, «se pueden dar varias cosechas y simultanear varios estadios de cultivo, por lo que son muy rentables». El problema es que exigen un alto consumo eléctrico, por lo que quienes cultivan, para maximizar los ingresos y reducir los costes de producción, suelen hacer conexiones ilegales al tendido eléctrico. Los Cuerpos de Seguridad colaboran estrechamente con las compañías eléctricas para desmantelar estas plantaciones, ya que es necesario el apoyo técnico para poder peritar correctamente y que sea posible imputar el delito.

Según dichas fuentes, «muchas instalaciones fraudulentas suponen un grave riesgo para la integridad física de los usuarios del inmueble al ser instalaciones precarias, sin medidas de protección y realizadas por técnicos no especializados». A lo largo del 2017, la Guardia Civil llevó a cabo tres actuaciones de este tipo, una en la zona centro de la provincia, otra en la campiña y otra en la zona sur, lo que derivó en la detención de cinco personas.

Por su parte, en enero de este año, la Policía Nacional desmantelaba en la capital una de las mayores plantaciones de marihuana localizadas hasta la fecha, un invernadero ubicado en una parcelación del aeropuerto con más de mil plantas.