Aplicar el recargo del 50% en el recibo del IBI a los pisos vacíos no será tan fácil a juicio de distintos colectivos. El secretario general de la Asociación de Empresarios de la Construcción, Construcor, Francisco Carmona, cree que la medida anunciada por la responsable de Hacienda en el Ayuntamiento, Alba Doblas (IU), "no servirá para nada", ya que, aunque aparece en la Ley de Haciendas Locales, "exige un desarrollo reglamentario que no se ha producido", por lo que, "por mucho que se quiera imponer, no sería exigible". Lo único que se puede hacer, señala, "es contemplarla en la ordenanza indicando que está pendiente del desarrollo reglamentario que debe hacer el Estado", por lo que "anunciar medidas de este tipo sin más no tiene ni ton ni son".

Construcor señala que lo primero que debe hacer el Ayuntamiento es un estudio riguroso sobre el estoc de vivienda y las circunstancias por las que están deshabitadas "y valorar si es razonable exigir el recargo en función de la situación". Puede ocurrir, añade, que "en Córdoba no existan tantas viviendas vacías" como se cree. Carmona es más partidario de "aprobar incentivos que favorezcan el alquiler".

El principal grupo municipal de la oposición, el PP, percibe "un triple error" en la propuesta. Por un lado, su viceportavoz, José María Bellido, afirma que "no se va a ajustar a derecho" porque "primero hay que hacer una declaración" de la vivienda deshabitada "y en la legislación estatal no existe desarrollo reglamentario, lo único que hay es una ley andaluza pero tenemos dudas de que sea competente" para ello. A su juicio, la Junta "es quien tiene que declarar si una vivienda está deshabitada, crear el registro y comunicarlo a los ayuntamientos para que decidan cobrar o no", por lo que "cualquier atajo va a conducir a una avalancha de reclamaciones". Además, la medida "rompe el consenso" logrado en enero por el Pleno, "cuando, a propuesta de IU, se instaba a la Junta a poner en marcha los registros y a que lo que se recaudara fuese para un plan de apoyo al alquiler". Bellido piensa que "para muchas familias no es un buen momento para pagar más impuestos" y que tampoco lo es para "poner más carga fiscal al mercado inmobiliario cuando está en una recuperación incipiente". Por último, lamenta que "no haya primado más el diálogo y el consenso".

"Hasta dentro de dos o tres años no podrá hacerse efectiva la medida", según asegura el presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, Coapi, Agustín León, que está convencido de que no podrá aplicarse en el 2016 como pretende el Ayuntamiento por la dificultad para elaborar el registro. León percibe "un problema de articulación legal e instrumental tremendo" y recuerda que la medida "jurídicamente ya está teniendo problemas en muchos ayuntamientos" y que "en el Norte ha habido una sentencia en contra porque dice que es competencia del Estado". Por ello, cree que "se está legislando por impulso, sacando normas que no se pueden llevar a cabo" cuando habría que "sentarse a ver cuál es el problema real de la vivienda". Además, piensa que "atenta contra el derecho de la propiedad" y teme que produzca "el efecto perverso" y que en vez de aflorar pisos para alquiler, sus propietarios decidan venderlos.

El portavoz de Ciudadanos, José Luis Vilches, está convencido de que la medida "no va a tener trascendencia" y que solo servirá para generar "un titular porque hay dificultades desde el punto de vista jurídico para llevarla a cabo" y una "casuística" diversa. El argumento esgrimido para no compartir el recargo en el IBI es que la propuesta estrella de su grupo era bajarlo un 5% cada año logrando una rebaja del 20% al final del mandato.