La Guardia Civil, en el marco de la operación Carrizales, desarrollada en las provincias de Córdoba y Sevilla, ha detenido a 39 personas pertenecientes a una organización criminal especializada en el robo con fuerza de cableado de cobre en plantas solares y fotovoltaicas y otras instalaciones. Todos ellos, excepto uno, con una orden de búsqueda de la Audiencia Nacional, han sido puestos en libertad. Este individuo, de nacionalidad rumana, estaba reclamado por las autoridades de su país.

Según informa en un comunicado la comandancia de Córdoba, en este operativo se han recuperado más de 500 kilogramos de cableado de cobre, 3.200 euros y varias armas simuladas. También han sido intervenidos 13 vehículos que eran utilizados habitualmente por la organización para sus desplazamientos.

La operación se inició cuando los agentes tuvieron conocimiento de varios robos cometidos con fuerza y causando importantes daños en instalaciones, plantas solares y fotovoltáicas de las provincias de Sevilla, Cádiz, Huelva, Málaga, Badajoz, Lérida y Córdoba.

Tras las primeras investigaciones se pudo conocer que se trataba de una organización perfectamente estructurada, ya que cada uno tenía un cometido diferente, desde el reconocimiento de las zonas donde se iban a cometer los robos hasta la sustracción, transporte y limpieza del cableado.

Una vez localizados e identificados todos los integrantes del grupo, se procedió a la entrada y registro de varias viviendas, asentamientos y centro de recuperación de residuos y compraventa de metales en la capital hispalense y localidades de San Juan de Aznalfarache y La Rinconada, en la provincia de Sevilla.

Los detenidos son 37 personas de nacionalidad rumana, además del propietario y el encargado del centro de recuperación de residuos y compra venta de metales, de nacionalidad española.

33 ROBOS De los 33 robos esclarecidos, 18 habían sido cometidos en plantas fotovoltaicas de la provincia de Córdoba, ubicadas en La Carlota, Villa del Río, Posadas, Baena y Córdoba capital. La investigación judicial ha estado a cargo del juzgado de Instrucción números dos de Montoro.

La Guardia Civil estima que el valor de los daños causados y el material sustraído asciende a más de un millón de euros. La investigación continúa abierta por lo que no se descartan nuevas detenciones.

Esta operación ha sido desarrollada por el área de delitos contra el Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la comandancia de la Guardia Civil de Córdoba.