La Asociación de Empresarios de la Construcción, Construcor, acusa a Urbanismo de tener paralizados expedientes de nueva edificación en zonas urbanas consolidadas desde finales del 2017, como consecuencia del Real Decreto 638/2016, que modifica el Reglamento de Dominio Público Hidráulico y fija limitaciones al uso del suelo en previsión de inundaciones. Construcor, que lamenta que Urbanismo «siga mareando la perdiz», no comparte su tesis de que para autorizar esos proyectos hace falta un informe previo de la CHG. Su secretario general, Francisco Carmona, aclara que «se trata de limitaciones que figuraban desde 1985 en la Ley de Aguas y en su reglamento de desarrollo, que ya establecía la obligación de los organismos de cuenca/confederaciones hidrográficas de trasladar a las administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo» todos «los datos y estudios disponibles para su toma en consideración al tiempo de planificar los usos del suelo potencialmente afectados por avenidas e inundaciones».
Para Carmona, «la norma no introduce nuevas limitaciones más allá de las que ya figuran en el vigente PGOU, por lo que no es entendible que los proyectos tengan que ser informados o autorizados previamente» por la CHG. Es más, señala que la norma «contempla un régimen específico para estos núcleos urbanos consolidados, en tanto en cuanto no es previsible que en los mismos se produzca un aumento del riesgo de inundación ni una mayor vulnerabilidad para la seguridad de las personas y los bienes». Agrega que «la sustitución de las edificaciones existentes, sin cambio del uso residencial asignado por el planeamiento», o la implantación de otro compatible, «no representa riesgo de una mayor vulnerabilidad». Aunque es partidario de que los proyectos recojan medidas en previsión de inundaciones, detecta «graves discordancias de la escala territorial utilizada para la delimitación de la zona de flujo preferente, debido a imprecisiones en la planimetría», lo que afecta a «la seguridad jurídica de los propietarios». Le resulta llamativo que el problema se ha resuelto en municipios como Écija con una instrucción aprobada por el Pleno en abril del 2018, que «ha desbloqueado la tramitación de los proyectos» y recoge parte de los argumentos de Construcor.
