La deuda viva a 31 de diciembre del 2018 de las distintas entidades locales (ayuntamientos, diputaciones provinciales, cabildos, consejos insulares y resto de entidades locales) se obtiene de la información procedente de la Central de Información de Riesgos del Banco de España (Cirbe) relativa al subsector local y al inventario de entes del sector público local. Para ello, se tienen en cuenta las deudas con entidades de crédito obligadas a declarar a dicha central de información de riesgos. Las entidades de crédito que tienen que declarar esta deuda son el Instituto de Crédito Oficial, bancos, cajas de ahorro, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y sucursales en España de entidades de crédito extranjeras, sociedades de garantía recíproca y sociedades de reafianzamiento, sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria (Sareb), el Banco de España, el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito y la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (Saeca). Para valorar la cuantía de la deuda, el Ministerio de Hacienda ha tenido en cuenta operaciones de riesgo como los créditos financieros, valores de renta fija, productos devengados por activos dudosos, operaciones de arrendamiento financiero, préstamos o créditos transferidos a terceros, factoring sin recurso con inversión, fondo de financiación a entidades locales (incluye la deuda con el fondo en liquidación para la financiación de los pagos a proveedores) y asociaciones publico-privadas.
