La coordinación entre autoridades y organismos responsables en la lucha contra la violencia de género es indispensable para mejorar los resultados y adaptar los juzgados y tribunales a las novedades del Pacto de Estado en esta materia». Así de claro se mostró ayer el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, que fue el encargado de inaugurar ayer, junto al presidente del TSJA, Lorenzo del Río; el presidente de la Audiencia de Córdoba, Francisco de Paula Sánchez Zamorano, y la vocal del CGPJ Carmen Llombart, las 28ª Jornadas de presidentes de Audiencias Provinciales, que este año se celebran en la Ciudad de la Justicia de Córdoba. La violencia de género, que definió como «una lacra que amenaza el desarrollo de las sociedades en el momento actual» y cuya erradicación requiere, en su opinión, de la «coordinación y compromiso de todas las partes», ha sido uno de los temas centrales de estas jornadas, donde se han debatido, entre otros asuntos, la propuesta de protocolo de actuación de las comisiones provinciales de coordinación en violencia sobre la mujer. En este sentido, LLombart indicó que «la creación de comisiones provinciales y el protocolo para unificar la actividad nos situará en líderes en el cumplimiento del Pacto de Estado contra la violencia de género».

Lesmes inició su intervención subrayando el papel del poder judicial, que, en su opinión, «está dejando fuera de toda duda, ante los retos que se nos están presentando, su fortaleza como garante del Estado de derecho». Aludió además a las reivindicaciones de las asociaciones judiciales y aseguró que el CGPJ «comparte las preocupaciones de la carrera judicial y prestará todo el apoyo que sea posible para que sean atendidas».

48 presidentes de audiencias provinciales participan en esta edición de las jornada, que, según Llombart, «ha tenido más afluencia que en el resto de ediciones anteriores».

Otro de los temas de actualidad que se abordaron ayer en las jornadas es el seguimiento del plan de urgencia sobre cláusulas suelo, que habilitó un juzgado en cada provincia especializado en estos asuntos, puesto en marcha ante «la avalancha» de asuntos recibidos «y la proliferación de recursos de apelación». Lesmes informó de que en el 2017, el 98,3% de las más de 9.000 sentencias ditadas por los juzgados especializados «fueron favorables al cliente». En su opinión, «la implantación del plan no ha estado exenta de dificultades, pero la realidad financiera y social nos ha exigido ofrecer una respuesta para mejorar el servicio al ciudadano».