Casi 14 millones de euros de rentas de alquiler de viviendas no se declaran en Córdoba, según las estimaciones del sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). Esa cantidad, en concreto 13,9 millones, corresponde a las 6.245 viviendas que hay arrendadas y que escapan al control del fisco, ya que sus propietarios eluden comunicar el dinero que perciben anualmente por ellas. En cambio, hay 15.745 viviendas cuyos propietarios sí cumplen con la obligación de dar a conocer los ingresos que generan en su declaración de la renta. A pesar de que los alquileres sumergidos siguen existiendo, el porcentaje está bajando. En Córdoba, solo el 28,4% de los alquileres escapan al fisco. La provincia es, junto con Jaén (24,1%), la que registra el nivel de arrendamiento sumergido más bajo de Andalucía. Además, el porcentaje de alquileres sin declarar no solo está por debajo de la media andaluza, sino que es la mitad.

Gestha obtiene estos cálculos cruzando los datos de los rendimientos inmobiliarios del alquiler declarado y del censo de viviendas del INE, que en Córdoba contabiliza 21.984. Hay que tener en cuenta que el último censo del INE es del 2011 (hasta el 2021 no hay uno nuevo) y que las cifras provincializadas más recientes corresponden a la declaración del IRPF del 2015 (Gestha preparará el estudio del 2016 en otoño y la Agencia Tributaria, por su parte, explica que los datos más actuales están sin provincializar), por lo que la situación a día de hoy puede cambiar. Los 13,9 millones que calcula el sindicato en alquileres que no se declaran son rentas netas del capital inmobiliario, es decir, ingresos a los que se les quita los gastos, aunque no se les reduce el 60% que se les aplicaría en la declaración. Esta estimación no incluye los arrendamientos de inmuebles con fines turísticos.

Los importes no son elevados porque cada vez se declaran más alquileres. Según los datos facilitados por Ghesta, un año antes el porcentaje de alquiler en negro era del 33% en Córdoba, es decir, estaba cinco puntos por encima. Entonces eran 21,3 millones los ingresos no declarados por 7.314 pisos y había 14.670 viviendas cuyo alquiler sí se comunicaba.

Aunque unas estadísticas no son comparables con otras, hace un año la Junta calculaba que más de la mitad de los arrendamientos de vivienda son sumergidos. Donde se puede percibir más la diferencia es comparando los datos actuales de Gestha con los que ofrecía hace diez años. Gestha cifró en el 2008, cuando había 19.109 pisos en alquiler, en 24 millones las rentas anuales que generaban las 13.788 operaciones inmobiliarias que escapaban al control fiscal. Entonces, el 70% de los alquileres eran en negro. Desde entonces se han producido reducciones del 40% (en la cantidad no declarada), del 54% (en los pisos que eluden el control) y del 60% (en el nivel de rentas sumergidas). El secretario general de Gestha, José María Mollinedo, explica que «las medidas de prevención del fraude han permitido reducirlo en los alquileres» con un mayor control a los arrendadores, pero «queda camino por recorrer».