El concejal de Recursos Humanos, David Luque, y el concejal de Seguridad, Emilio Aumente, coincidieron ayer en constatar «el grave problema» que tiene actualmente la Policía Local en Córdoba por la falta de plantilla y que puede agravarse, y mucho, con la aprobación del decreto, que tiene previsto aprobar el Gobierno central en otoño, para que los agentes puedan jubilarse de manera anticipada con 60 años de edad. «A día de hoy ya no es suficiente la plantilla para cubrir los servicios en Córdoba, pero tenemos mecanismos como la productividad o las horas extra para ir cubriendo esos servicios. Pero la realidad es que si no se toman medidas urgentes vamos a tener problemas para cubrirlos cuando se apruebe el decreto», afirmó ayer David Luque.

Por su parte, el responsable de la Policía Local, Emilio Aumente, avanza que la situación puede terminar afectando a la ciudadanía de manera evidente, porque habrá servicios, que pueden ir desde el corte de calles para el paso de una carrera popular hasta la actividad de disciplina urbanística, que no puedan prestarse por falta de personal. «Es un gravísimo problema», asegura.

EL ‘QUID’ DE LA CUESTIÓN // De aprobarse en octubre, el real decreto para la prejubilación de la policía local entraría en vigor en enero del 2018. «El quid de la cuestión --añade Aumente-- es que ese decreto separe las plazas a cubrir para esas prejubilaciones de la oferta pública de empleo de ese año, porque de lo contrario tendríamos un problema gravísimo». Para David Luque, el decreto puede ocasionar «una auténtica convulsión en toda España». «Si no se eleva la tasa de reposición del 100%; si se jubilan 20 personas y entran 20, la tendencia será ir perdiendo plantilla, ya que si no se eleva esa tasa de reposición se estará, de manera encubierta, obligando a las administraciones locales a volcar toda su oferta pública de empleo en la Policía Local, ya que este es un servicio de prestación obligatoria, y no sacar ninguna otra plaza en otros servicios», explica. Para Aumente, «hay servicios esenciales como el de Policía Local que habría que sacarlos fuera de la oferta pública. O se hace eso o los ayuntamientos mueren», remata Aumente.

Los sindicatos también coinciden con este análisis. Emilio Martos, portavoz del sindicato mayoritario de Policía Local y Bomberos de Córdoba (Siplib), vaticina que de aquí a cuatro años «vamos a tener el personal justo en la calle» y advierte de que es fundamental separar las plazas para cubrir las prejubilaciones de la oferta pública de empleo en el famoso decreto.

UNA SITUACIÓN ARRASTRADA // Desde luego, la situación de la Policía Local en Córdoba no es de ayer y el decreto no haría sino agravarla. Desde hace meses, el responsable político de la Policía Local, Emilio Aumente, viene alertando del paroxismo de la situación provocada por las leyes de estabilidad presupuestaria impuestas a los ayuntamientos --que han limitado enormemente el margen de maniobra de los consistorios a la hora de contratar-- y los límites de la tasa de reposición del empleo público (que ha sido solo del 10% durante varios años para la Policía Local y otros servicios, es decir, que de cada 10 policías jubilados solo podía entrar uno).

Desde el 2008, año en el que empezaron los recortes a las administraciones locales, hasta hoy se han producido en la plantilla de policías locales de Córdoba 130 vacantes. Actualmente hay 390 agentes y se espera que el año que viene se jubilen 30 policías y en 2019, 40 más. Es decir, que en dos años habrá 70 policías menos por las calles de Córdoba (no solo mandos sino también miembros de la escala básica). Las cifras nos dejan fuera de las estimaciones de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que estima que debe haber 1,5 agentes por cada mil habitantes. «Con esa cifra nos faltarían unos 100 agentes en Córdoba», apunta Emiliano Martos.

DESDE 2008, NI UN POLICÍA // «Desde 2008 no ha entrado ni un solo policía nuevo», recuerda además el concejal Aumente, que apenas ha visto aliviada este año la cuestión con la convocatoria prevista de 14 nuevas plazas. A esto hay que añadir otra dificultad temporal, que apunta Emiliano Martos, y es que desde que se convoca una oposición hasta que el nuevo agente está en la calle pasan en torno a dos años. Otra dificultad.

Por último, otra cuestión suscitada por esta amalgama de situaciones y decisiones políticas es el envejecimiento de la plantilla de la Policía Local en Córdoba y en particular de sus mandos (el mando de menor edad tiene más de 50 años).