Ni una semana ha transcurrido desde el pleno de investidura y el gobierno local y la oposición de Córdoba ya tienen su primer motivo de enfrentamiento: el servicio de ayuda a domicilio. Ciudadanos acusó ayer a los anteriores responsables de los Servicios Sociales de dejar «en el aire» la renovación de este contrato que prestan dos empresas privadas y que PSOE e IU estudiaron municipalizar. En junio del pasado año, se adjudicó este servicio por lotes a Servisar Servicios Sociales, que se encarga de las actuaciones de carácter personal y doméstico básicas cotidianas y Macrosad, que asumió las limpiezas generales de carácter semestral. Según los detalles de la licitación, Servisar Servicios Sociales firmó el contrato por un importe total de 14,6 millones de euros (13,43 euros la hora, si bien la remuneración del personal será de 7,72 euros), mientras que el lote 2, se adjudicó a Macrosad por 280.000 euros (13,39 euros la hora, de las que el personal cobrará 8,24 euros la hora).

A través de un comunicado, la concejala de Servicios Sociales, Eva Timoteo, afirmó ayer que «la continuación de la prestación del servicio de ayuda a domicilio que se coordina desde el área de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Córdoba está en el aire a causa de la nefasta gestión del equipo de gobierno anterior». Asimismo, la edil de Cs explicaba que el contrato vence el próximo 30 de junio, y que «los anteriores titulares se marcharon sin dejar atada la tramitación del expediente para autorizar la prórroga del contrato vigente», dejando en una situación muy vulnerable tanto a usuarios como trabajadores de dicho servicio. En esta línea, Timoteo reseñaba que en la actualidad hay 2.400 personas beneficiarias de esa asistencia, y cerca de 1.000 trabajadores. La edil de Cs añadía, además, que una vez conocida la situación, «nos hemos puesto manos a la obra para tratar de dar solución y procurar que ninguna de estas personas se vea desasistida a partir del 1 de julio».

En el comunicado, decía «no entender que un gobierno deje en la estacada a tantas personas, por falta de voluntad política», aunque añadía que les consta que «el expediente estaba presentado en tiempo y forma por el personal de esta área (Servicios Sociales) y que ha sido la falta de gestión política la que ha provocado esta situación tan irresponsable». Por último, Timoteo también acusaba al gobierno saliente haber dejado pendiente de gestionar la ampliación de este servicio a nuevas personas que lo necesitan, «algo en lo que nos pondremos a trabajar en cuanto terminemos con el expediente».

LA RÉPLICA DE IU / El exconcejal de Servicios Sociales, Juan Hidalgo, por su parte, considera que Cs ha generado «una alarma innecesaria» anunciando que el servicio está en el aire, y aconsejó a la actual responsable «humildad» y conocer la Administración y su funcionamiento antes de opinar. Además, Hidalgo diferenció la ampliación del servicio de la prórroga, asegurando que el expediente para ampliar se inició en enero y que, después de que Gestión les requiriera unos cambios, volvió a mandarse rectificado. Respecto a la prórroga del contrato actual (que era de un año y otro más de prórroga), Hidalgo indicó que se inició una vez que se aprobaron los presupuestos municipales, ya que no se podía hacer antes.

En apoyo de Juan Hidalgo salió ayer el exconcejal de IU Rafael Castillo, anterior responsable del área de Servicios Sociales, quien aseguró que el trámite de la prórroga es muy sencillo y criticó «la alarma generada por Cs». «La prórroga del contrato la puede firmar ya, se necesitan muy pocos trámites porque en el contrato actual está contemplada. Además, el gobierno del PP hizo exactamente lo mismo que ella denuncia en 2015 y yo firmé la prórroga», explicó ayer.