El Consejo de Gobierno cuantificó ayer en 6.570 millones de euros la inversión en proyectos empresariales que se han frenado o perdido por el «colapso administrativo» generado por el anterior gobierno socialista, y se han dejado de crear unos 92.000 empleos. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarollo Sostenible, Carmen Crespo, explicó que hay 4.367 expedientes de calidad medioambiental sin resolver que afectan a energías renovables, la minería, la industria, las almazaras y la economía circular, entre otros.

Las energías renovables concentran el mayor número de expedientes sin resolver que suponen un freno de unos 2.800 millones en inversiones, y Málaga es la provincia con más bloqueo administrativo, con un 30% del total de los expedientes. La consejera responsabilizó al anterior gobierno socialista de practicar una «falsa protección medioambiental que producía inseguridad jurídica y una parálisis» de las inversiones, con una media de cuatro años de retraso en las autorizaciones ambientales integradas y con peticiones de segundos informes sin necesidad.

Para solventar esta «mala gestión», la consejería va a modificar la ley de gestión integrada de la calidad para simplificar la tramitación de los expedientes. «No se trata de rebajar el criterio ambiental ni de hacer la normativa más laxa, sino de dar más posibilidades a la inversión preservando el medio ambiente», aclaró la consejera.

Como ejemplo puso que el 80% de las almazaras vería reducidos los plazos de tramitación al requerírseles sólo una calificación ambiental, en lugar de una autorización ambiental unificada, salvo para las que se encuentren ubicadas fuera de un polígono industrial, estén a menos de 500 metros de una zona residencial y ocupen una superficie de más de una hectárea. Según la consejera, sólo agilizando la mitad de los procedimientos pendientes de resolución y suponiendo que el resultado fuera la concesión del 50% de las licencias solicitadas, se podrían crear 23.000 puestos de trabajo.

Crespo señaló que las cifras de inversión y empleo las han estimado a la baja y precisó que los más de 92.000 empleos que no se han creado los han calculado con la regla de inversión en infraestructuras, que asocia catorce puestos de trabajo por cada millón de inversión más cinco empleos inducidos. De los 4.367 expedientes pendientes de resolver, 1.763 corresponden a gestión del litoral, 391 al de calidad del aire, 370 al de residuos y 1.843 al de prevención y control ambiental.

Por provincias, Málaga, con 1.207 expedientes pendientes, acapara cerca del 30% del total y casi 25.400 empleos; Sevilla, con 735 expedientes y más de 15.450 empleos, tiene el 16,8%. Le siguen Almería, con 536 trámites pendientes y más de 11.300 puestos de trabajo (12,3%); Jaén, con 490 expedientes y 10.300 empleos (11,2%); Granada, con 405 trámites y casi 8.560 puestos (9,3%); Cádiz, con 310 expedientes y rozando los 6.450 empleos (7%); Córdoba, con 275 trámites y casi 5.800 empleos (6,3%), y Huelva, con 197 expedientes y cerca de 4.150 puestos de trabajo (4,5%).