Ana Carmona Contreras, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, valoró así los 40 años de la Carta Magna: «El balance es extraordinariamente positivo porque la Constitución ha facilitado la modernización de la estructura jurídica de España y ha permitido la expansión del país y de las libertades». Pero enseguida hizo una reflexión sobre este periodo: «La Constitución de 1978 ha sido útil, capaz de abrir espacios para el desarrollo político y autonómico, pero transcurridas cuatro décadas y teniendo en cuenta las transformaciones que se han producido en España, este aniversario debe de servir para introducir modificaciones en un texto que ha sido exitoso; ahora ha de acompañarse con un ajuste a la realidad, de adaptarse a las nuevas circunstancias y a los retos a los que se enfrenta la sociedad».
En relación a la necesidad de acuerdos para alcanzar la reforma, Ana Carmona indicó que «hay que ser conscientes de que el consenso no es algo que tenga que existir en el punto de partida, sino ser el punto final». A continuación reconoció un problema añadido de sumas. «El panorama político está fraccionado y esa fragmentación seguirá en el tiempo; el bipartidismo imperfecto que ha aparecido ha venido para quedarse y siendo consciente de que la aritmética parlamentaria es la que es, eso no puede ser un obstáculo para que se pongan en marcha iniciativas orientadas al rodaje de la reforma de la Constitución poniendo sobre la mesa temas que están necesitados de nueva regulación en la Carta Magna. No es necesario cambiar todo el texto ni iniciar un proceso constituyente, sino introducir mejoras o retoques puntuales». En este punto, la catedrática sugirió una fórmula. «La idea de reforma constitucional por fases resulta muy interesante para adquirir competencias de reformas más ambicioso, como por ejemplo, en el título octavo, para el que hace falta mayoría de tres quintos». Pese a «la falta de cultura que hay en España -dijo- esta reforma por fases sería muy conveniente y a tener en consideración.
¿En las demandas territoriales está la semilla del desencuentro?, le preguntó el conductor del foro. «La Constitución, contestó Ana Carmona, no puede acabar con la crisis. Tenemos que ser conscientes que hay una demanda social que exige nuevos encajes. Para este desafío ni esta ni ninguna constitución tiene respuesta para resolver este conflicto de envergadura. Lo que hay que pensar es una reforma que sea capa de reconducir ese desafío abriendo cauces para una relación entre Cataluña y España». En relación a las autonomía reconoció que «se ha logrado un proceso de descentralización, pero hay un gran déficit o muy poco espacio para la integración de las comunidades en el Estado».
«En Cataluña hay mucho descontento, ha sido un asunto muy mal gestionado transitado a través de la reforma del Estatuto» con las consecuencias ya conocidas. Pese ello, Carmona advirtió de que el «conflicto no puede hacer perder de vista que el Estado autonómico tiene una serie de déficits funcionales que lastran su desarrollo». Por tanto, «el título octavo de la Constitución ha llegado a un momento en el que está superado y no responde a las necesidades de los territorios».
