La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, informó ayer sobre su intención de implicar al Gobierno central y a la Junta de Andalucía en la reducción de la brecha histórica que separa la capital cordobesa de otras muchas capitales españolas, en términos de desempleo y en renta por habitante, habida cuenta del déficit histórico de inversiones públicas --según indicó la alcaldesa nunca han representado el porcentaje de lo que Córdoba representa en superficie y población-- y privadas que ha recibido la ciudad.

«Para reducir esa brecha tenemos que cambiar de manera radical nuestra realidad», dijo la regidora socialista, que ayer mismo envió una carta al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, para solicitarle un encuentro donde se aborden estas cuestiones. En el caso de la Administración andaluza, habrá que esperar a que se conforme el Gobierno para iniciar las negociaciones. «No podemos abordar esta situación en solitario. Necesitamos al Estado y a la Junta», indicó la regidora, que reconoció que este es un plan «ambicioso» que no se puede abordar en algo menos de 5 meses que restan hasta el fin del mandato.

Esta coyuntura temporal y el hecho de que el plan se proponga tras las elecciones del 2 de diciembre han sido la principal crítica vertida por la oposición municipal, y por el propio socio de gobierno, IU, cuyo portavoz explicó que no se trata de un proyecto del equipo de gobierno, ya que fue ayer mismo cuando él lo conoció. En general todos han tachado de «electoralista» el anuncio y han criticado que no se hayan hecho antes estas reclamaciones al Estado y a la Junta, ya que las medidas en sí no se discutieron.

Por su parte, Ambrosio respondió que el plan no se ha propuesto antes porque «la prioridad» del gobierno municipal fue «reconstruir el Ayuntamiento, establecer las prioridades, atender a las personas, mejorar las prestaciones de servicios, ahuyentar las amenazas de privatizaciones en servicios públicos y dar normalidad a la gestión». Por ello, justificó que «una vez acometida esa primera etapa de las situaciones urgentes, ahora queda lo importante».

En cualquier caso, la alcaldesa indicó que las medidas han ido consensuándose y que no son ideas «que se improvisen en cuestión de dos semanas, sino que son fruto del análisis con los agentes económicos y sociales, el Consejo del Movimiento Ciudadano y los operadores económicos de la ciudad». En cualquier caso, para la socialista ésta es una reclamación «que no debe tener aristas, ni dudas, porque habla del futuro de Córdoba», y debería apoyarla todos los partidos.

El plan presentado en sí plantea varios objetivos y medidas concretas para lograr reducir la brecha, entre las que destacan la creación de un distrito industrial que tenga su base en la ciudad; mejorar la articulación del territorio, con el impulso de ayudas al crecimiento de empresas y el emprendimiento y el desarrollo de las zonas desfavorecidas.

Además, propone pactar con las otras administraciones un uso más eficaz de las infraestructuras; impulsar un plan con medidas fiscales, laborales y económicas y un plan de empleo que defina las políticas para el suelo industrial. Entre las acciones descritas por Ambrosio están, también, algunas que le corresponde al Ayuntamiento como la modificación del PGOU en el parque logístico del Higuerón. También se incluye pedir a la Junta la capitalización de los préstamos participativos de Rabanles 21 para ampliar el suelo mixto de innovación producto y al Gobierno, la refinanciacion de la deuda pendiente. En materia de infraestructuras, la regidora señaló la necesidad de conectar la carretera de Palma y del Aeropuerto; desdoblar la carretera de Palma y la Badajoz-Granada; así como la puesta en marcha del cercanías completo. Asimismo, se apuesta por transformar Mercacórdoba en un operador logístico o la construcción de un centro cultural en Miraflores, que sirva de auditorio y de sede de la Orquesta, así como de espacio para grandes exposiciones, entre otras propuestas.