La de Córdoba es la cárcel más masificada de Andalucía y una de las que presentan un índice de conflictividad más elevado. Esa es una de las denuncias que el sindicato Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) hizo pública ayer con motivo de una de las tres reuniones territoriales que esta central va a realizar en distintos puntos de España para denunciar la «caótica e insostenible» situación de colapso de las cárceles. El presidente de Acaip, José Luis Pascual, y el delegado del sindicato en la prisión de Córdoba, Juan Miguel Sanz, alertaron ayer de que actualmente hay 50 plazas vacantes en la cárcel de Córdoba, lo que supone el 10% de la plantilla, y que «la situación empeorará en breve, cuando se vayan los 23 funcionarios en prácticas que están trabajando en esta prisión». Pascual denunció «la falta de planificación y de observancia del reglamento de ordenación de los internos, que establece que haya un preso por celda» cuando en Córdoba hay casi 1.400 internos conviviendo en 1.008 celdas. Según el sindicato, en los últimos seis años se han perdido en torno a 3.500 plazas, lo que se traduce «en un deterioro del servicio público y una carga inaceptable de trabajo para los funcionarios de prisiones».

En lo que respecta a la conflictividad del centro penitenciario cordobés, Acaip indicó que en septiembre y octubre se han dictado, según datos de la Dirección del centro, 32 aplicaciones del artículo 72 (traslado a módulo de aislamiento), una medida que solo se acomete cuando se producen agresiones entre presos, a funcionarios o graves desobediencias a la autoridad, por lo que en este momento «se registra un incidente grave cada dos días». Asimismo, recalcan que si bien la ratio establecida por Instituciones penitenciarias es «de 2,5 internos por funcionario», lo cierto es que «con las actuales carencias de personal, descansos y porque no todos los funcionarios trabajan en vigilancia de presos», actualmente se están dando casos en los que un solo funcionario debe vigilar módulos enteros con hasta 100 internos, lo que está deteriorando la convivencia en la prisión. «En el último año, se han producido ocho agresiones a funcionarios, 60 en los últimos cinco años, según los datos oficiales». Al parecer, según explicó Juan Miguel Sanz, en estos registros solo se contabilizan los incidentes si comportan una lesión, una resistencia activa al cumplimiento de una orden y además generan un traslado a centro hospitalario. De esta forma, «ni los insultos ni las amenazas ni empujones o puñetazos que no dejen huella se cuentan como una agresión a funcionario», afirman. En esta línea, Acaip criticó además el concurso de traslados de 1.500 plazas resuelto el pasado 6 de noviembre y que, según Pascual, «ha servido para colocar a todos los amigos de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias». Este asunto ha motivado una demanda ante el juzgado «en la que se ha acreditado la creación de puestos ad hoc para colocar a determinados funcionarios en puestos que antes no existían y que no constan en la Relación de Puestos de Trabajo, para funcionarios con puntuaciones inferiores a las exigidas». El presidente de Acaip aseguró que «el concurso de traslados se ha resuelto con numerosas irregularidades». Por último, denunció que la dirección de Instituciones Penitenciarias haya acordado repartir el remanente de la productividad, que asciende a 1,1 millones de euros, «entre los mandos de libre designación, directores y subdirectores de los centros a razón de 2.200 euros cada uno de ellos».

Este periódico quiso conocer ayer la respuesta a la denuncia de Acaip por parte de la Subdelegación del Gobierno, que rehusó responder a un sindicato.